ADESA afirma que el abandono de la estrategia de Atención Primaria y la baja inversión en salud son las causas de la proliferación del dengue.

Demanda mayor presupuesto y mejor calidad del gasto en salud

La proliferación del dengue vuelve a poner de manifiesto la profunda crisis estructural y financiera del sistema dominicano de salud y el fracaso del modelo instaurado en el país a partir de las reformas sanitarias del año 2001, las cuales aceleraron los procesos de privatización de la salud  y colocaron la prevención de enfermedades en lugares muy secundarios.

Las cifras oficiales hablan de 17 muertes y más de 18 mil personas hospitalizadas por dengue en lo que va de año, lo que equivale a 12 veces más que lo ocurrido en el año 2018. Esas cifras podrían ser cinco veces más altas de acuerdo a otras fuentes confiables, como la dirección de este hospital infantil Robert Read Cabral, donde este año ya fallecieron más  de 40 niños y niñas por causas probables de dengue.

Esta peligrosa epidemia  mantiene a los hospitales públicos y las clínicas privadas abarrotadas de pacientes, lo que ha desbordado la capacidad del personal para atender la demanda de servicios y ha puesto en evidencia una vez más el enorme déficit que arrastra el país de enfermeras, médicos, de camas, de insumos, de equipos y medicamentos.

Estamos frente a una situación de emergencia que pudo evitarse con solo aplicar una política sanitaria centrada en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud a través de Centros y  Unidades de Atención Primaria. Pero resulta que el Gobierno solo dedica un 4% del presupuesto general de salud al Primer Nivel de Atención, lo que se traduce en un retroceso respecto a lo que el país había logrado hasta la primera década de este siglo.

Un estudio reciente patrocinado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) demuestra que en el país solo  operan precariamente 1,164 Unidades de Atención Primaria en Salud (UNAPS),  cuando deberían existir cerca de seis mil para atender los requerimientos de prevención, promoción y educación en salud de  la población dominicana, que ya supera los 11 millones de personas.

Este descuido al Primer Nivel de Atención en Salud es el resultado de una errada política sanitaria que privilegia la construcción y la reconstrucción de hospitales del Tercer Nivel, hospitales especializados en curar enfermos.  Ahí es que se gasta el ínfimo presupuesto de salud, que ni siquiera llega al 2% del Producto Interno Bruto.

La epidemia del dengue ha colocado al país en una situación de emergencia  sanitaria sin que se haya producido una respuesta adecuada de parte del Gobierno. Las autoridades de salud se han limitado a realizar operativos y campañas mediáticas cuando  ya el problema había tomado cuerpo. El presidente Danilo Medina debió inyectarles recursos financieros adicionales a cada hospital y debió convocar a un Consejo de Ministros  para priorizar las acciones para salvar vidas. No lo ha hecho y parece que  no lo hará  porque no entiende la gravedad de la situación  y persiste en su política de construcción de edificios, los cuales se pueden fotografiar.

ADESA llama a la población a ver este problema del dengue como una oportunidad  para reflexionar sobre la urgente necesidad de cambiar el rumbo de la política sanitaria del país. Se necesita un nuevo modelo de salud, centrado en las personas, enfocado en el derecho, conducido por el Estado y basado en la salud preventiva.  

Es importante resaltar que uno de los factores que más ha incidido en la proliferación del dengue es la crisis de agua. El mosquito que transmite el dengue se reproduce en aguas limpias.

 El almacenamiento del líquido es común en un país donde solo el 52% de los hogares dominicanos accede a agua del acueducto dentro de la vivienda,  mientras que el 23.6% accede en el patio de la vivienda. El 10.3% de los hogares se abastecen de agua de pozo y el 14% de la población debe abastecerse de ríos, llaves públicas u otras fuentes. (ENHOGAR, 2017).

La frecuencia con que se recibe el agua en la vivienda varía significativamente de un hogar a otro. El 32.7% de los hogares recibe (cuando la recibe) agua por menos de 5 horas al día; el 22.3% de los hogares recibe el líquido entre 5 y 9 horas diarias; y el 28.8% la recibe por 20 y más horas.

Es injustificable que un país cuya economía crece a un ritmo superior al 5% anual sufra una crisis de agua de la magnitud antes mencionada. Y mientras tengamos que almacenar este líquido estaremos expuestos a contraer dengue y otras  enfermedades generadas por virus  y bacterias.

En conclusión, el problema del dengue, que tanto dolor y muertes está causando al pueblo dominicano, es un síntoma de la gravedad en que está el sistema de salud del país. La medicina a este problema consiste en unir recursos y voluntades para empujar hacia una transformación profunda de ese sistema. Por eso ADESA propugna por un compromiso o pacto político y social por el Derecho a la Salud.

En lo inmediato, el Gobierno debe cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo y consagrar en el Presupuesto del 2020 un incremento sustancial y una mejoría de la inversión en salud, llevándola a un 3.76% del Producto Bruto Interno, como lo establece dicha ley.

Presentan en Santiago estudio sobre Atención Primaria en Salud

Revelan que solo el 8% de la población es atendida en el Primer Nivel de Atención en Salud

El Primer Nivel de Atención en Salud solamente cubre, y de manera precaria, el 8% de la población, situación que revela el carácter inequitativo del sistema sanitario del país y pone de relieve el fracaso de la reforma iniciada hace 18 años.

El dato aparece en la investigación Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, puesta a circular este martes en Santiago en un acto que contó con la participación de autoridades sanitarias, líderes sociales, profesionales del área de la salud y académicos.

El estudio indica que la Atención Primaria en Salud está muy lejos de ser una prioridad del Estado Dominicano, lo que queda demostrado en la baja inversión, el alto déficit de centros de atención en las comunidades más empobrecidas, los limitados recursos humanos dedicados a esta área y la pésima calidad de los servicios.

Puntualiza el estudio que a 18 años de creado del Seguro Familiar de Salud (SFS), éste no oferta, de manera gratuita, los servicios de Atención Primaria.

“En el Primer Nivel de Atención deberían resolverse cerca del 80% de los problemas de salud de la población, además de prevenirse enfermedades y promoverse la vida sana. Pero a 40 años de implementación de esta estrategia, el Estado ha hecho muy poco, a tal punto que solo el 4% del presupuesto de salud se invierte en el primer nivel de atención”,  establece la investigación,  realizada por Adagel Grullón, Katherine Javier, Marisela Duval, Rafafel Jovine y Adalberto Grullón.

El estudio fue auspiciado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), entidad que agrupa a 56 organizaciones sociales que tienen entre sus prioridades buscar soluciones a la crisis sanitaria del país.

Las mil 494 Unidades de Atención  Primarias (UNAPS), además de ser insuficientes, constituyen solo el 20% de las que deberían existir; operan en condiciones de precariedades extremas. El 60% de los médicos que tienen asignados son médicos pasantes, sin experiencia, con conocimientos limitados y solo un 5% de las UNAPS están coordinadas por médicos familiares o comunitarios. El 84% de los locales donde operan son viejos, pequeños e inadecuados para prestar servicios sanitarios de calidad.

Dadas estas deficiencias a las UNAPS solo acuden quienes no tienen otras opciones. El 43% de sus usuarios son personas desempleadas y el 83% carece de recursos para trasladarse a otros centros hospitalarios.

Entre las causas que los investigadores establecieron como explicación de esta crisis del primer nivel de atención en salud están la baja inversión del Estado en Sanidad, que es inferior al 2% del Producto Interno Bruto (PIB),  el fracaso de la reforma implementada desde el 2001, la política de privatización de la salud  que promueven organismos internacionales y el propio Estado, la debilidad de la rectoría pública y los problemas gerenciales del sistema.

En el acto de presentación se explicó que la metodología usada en la investigación abarcó la aplicación de dos encuestas nacionales, una entre coordinadores de Centros y Unidades de Atención Primaria y otra entre usuarios de los servicios que éstas prestan.  También se aplicaron 22 entrevistas a funcionarios gubernamentales, expertos en el tema de salud y lideres de gremios del sector y de organizaciones de la sociedad civil.

El evento fue organizado por el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), La Fundación Solidaridad, el Centro Montalvo, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, organizaciones que forman parte de ADESA en Santiago, y contó con la colaboración del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Hablaron en el acto, Ana Vásquez, representante provincial de ADESA y del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), Reynaldo Peguero, director del Plan Estratégico de Santiago, Dra. Alicia Rivas, Coordinadora de la Carrera de Medicina del Recinto Santiago de la UASD y Alba Reyes, Coordinadora general de ADESA.  El Estudio fue presentado por Rafael Jovine y Adalberto Grullón del equipo responsable de la investigación.

Firman convenio para promover proyectos educativos que propicien la inclusión social

SANTIAGO. Instituciones de esta ciudad firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se comprometen a coordinar esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas que faciliten la implementación de programas y proyectos educativos que propicien la inclusión social y el desarrollo sostenible de la comunidad.

El convenio entre el Distrito Educativo 08-04 de Santiago, Fundación Solidaridad, Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía estima como campo de especial importancia articular programas y proyectos destinados a la mejora de la cobertura y calidad de la educación, así como del hábitat, la salud y de las condiciones de vida en los sectores donde están ubicados los centros educativos pertenecientes al Distrito Educativo 08-04 de Santiago y de manera especifica que favorezcan el desarrollo integral de las familias que habitan en el Barrio Santa Lucía.

Establece, además, que en el marco del compromiso se desarrollaránactividades conjuntas como talleres, seminarios y coloquios con la participación de personal docentes, directivos, estudiantes y sociedades de padres, madres y amigos de los centros educativos.

Las entidades expresaron el compromiso de aunar esfuerzos para facilitar el acceso al sistema de educativo de niños y niñas en situación de discapacidad y para la creación de espacios que acojan en tiempo oportuno a la población en edad escolar.

En sus considerandos exponen que el artículo 63 de la Constitución dominicana establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Estableciendo también que “El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales”; y que “Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales”.

Manifiestan que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 dispone que una de sus líneas de acción es “Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de calidad”.

El convenio de colaboración interinstitucional fue firmado por Ysmailin Collado, Directora del Distrito Educativo 08-04 de Santiago; Juan Castillo, Director Ejecutivo de Fundación Solidaridad; Ana Vásquez, Directora Ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local; y Rosa Silverio, Presidenta del Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía.

Las instituciones suscribientes del convenio desarrollan acciones conjuntas en el marco del proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía” ejecutado por la Fundación Solidaridad, CIDEL y la Fundación BALMS y financiado por la Xunta de Galicia, España, poniendo en marcha iniciativas que fortalecen los programas que desarrolla el Ministerio de Educación en procura de la mejora de la educación pública en la Republica Dominicana.