Santiago. En medio del debate nacional y legislativo sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social, fue presentada la publicación “¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana? Un análisis exploratorio para el debate de políticas”. El estudio revela cómo el sistema de pensiones, lejos de garantizar derechos, ha sido estructurado para favorecer a grandes grupos financieros del país.

La investigación expone que el modelo de capitalización individual, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha consolidado un esquema de acumulación que concentra poder económico y político. Las AFP, vinculadas a conglomerados con intereses en banca, seguros, inversiones y construcción, operan con altas tasas de rentabilidad para sus accionistas, mientras las personas trabajadoras enfrentan pensiones bajas e insuficientes para una vejez digna.

Las AFP presentan altos niveles de rentabilidad financiera para sus accionistas, pero no garantizan tasas de reemplazo suficientes ni pensiones que cubran las necesidades básicas de las personas afiliadas, señalan los autores.

Entre 2004 y 2023, las AFP acumularon más de RD$101,000 millones en gastos operativos, una cifra que —según el estudio— no se justifica con la complejidad de sus operaciones ni se traduce en beneficios proporcionales para los trabajadores. Por el contrario, representa una extracción significativa de recursos del sistema.

El documento también advierte sobre la existencia de un oligopolio: cinco AFP concentran el 96.7% de los ingresos del sistema, gestionando más de un billón de pesos, equivalentes al 15.6% del PIB nacional. A través de estructuras verticales y prácticas de reinversión dentro de sus propios grupos, las AFP logran multiplicar su rentabilidad, incluso en tiempos de crisis económica, sin que esto represente mejoras para las y los afiliados.

La presentación estuvo a cargo de Matías Bosch Carcuro, en tanto que los comentarios estuvieron a cargo de Ramón Céspedes. La publicación busca aportar al debate público sobre el futuro del sistema de pensiones en República Dominicana, en un momento clave para decidir si se profundiza la lógica mercantil o se recupera el carácter público y solidario de la seguridad social.

La investigación fue presentada por las organizaciones que integran el consorcio Más Derechos, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, implementado por la Fundación Friedrich-Ebert (FES), Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), Ciudad Alternativa y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). La actividad se desarrolló conjuntamente con la Fundación Solidaridad en el marco del Diálogo sobre Políticas Públicas.