Para mejorar la calidad de la democracia dominicana se requiere de la aprobación conjunta de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, de la Ley de Régimen Electoral y de un cambio en la cultura política del país.

Así lo afirmaron el senador Julio César Valentín Jiminián y la politóloga Olaya Dotel al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas que se desarrolla en la ciudad de Santiago con la organización de la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que en esta ocasión abordó el tema ¿Puede una Ley de partidos políticos contribuir a mejorar la calidad de la democracia en República Dominicana?.

Una democracia de calidad es posible, pero se requiere poner límites al financiamiento de los partidos políticos, a las campañas políticas a destiempo y superar las prácticas asistenciales y clientelares, afirmó el Senador Valentín.

Indicó también, que una ley de partidos políticos debe contribuir a mejorar la democracia interna de los partidos, la transparencia y la rendición de cuentas. Favoreció la intervención de la Junta Central Electoral en los procesos internos de los partidos a fin de garantizar la participación política con criterio de equidad.

En opinión del senador Julio Cesar Valentín la tardanza en la aprobación de la Ley de Partidos está fundamentada en que los partidos políticos con representación en el congreso han obrado en función de lo que le conviene en cada momento y no en el interés general.

Por su parte la politóloga Olaya Dotel expuso que la pobreza, la cooptación de los órganos responsables de la regular la vida político electoral del país y la impunidad, son elementos que deterioran la democracia y dificultan la aplicación de leyes que vaya en pos del fortalecimiento de ésta.

No obstante, dijo, que la situación que viven los partidos y organizaciones políticas, en este contexto histórico, demanda de una respuesta que contribuya a dar mayor nivel de garantías democráticas a quienes hacen vida partidaria, lo que a su vez debe repercutir en una mayor democratización de la sociedad política dominicana.

La formulación y aprobación de una Ley de Partidos debe proveer respuestas que trasciendan las necesidades coyunturales y los intereses partidarios, manifestando además, que la misma debe contribuir a eliminar los principales males que afectan a dichas organizaciones, entre lo que está la lógica patrimonial que se ha apoderado de la vida partidaria en el país.

Esa lógica patrimonial, expuso Olaya Dotel, ha propiciado que las organizaciones políticas sean manejadas como un bien privado, en la que predomina la voluntad de quienes en encuentran en los puestos de dirección, en detrimento de la institucionalidad de dichas organizaciones partidarias, así como de los derechos políticos de sus miembros y miembras.

Olaya Dotel cuestionó el Proyecto de Ley  de Partidos Políticos presentado ante el congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, en tanto éste, según dijo, restringe el surgimiento de nuevas formaciones políticas partidarias y no establece límites para la recepción de donaciones prevenientes de personas privadas, lo que profundiza la inequidad entre las organizaciones políticas.

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio de discusión permanente sobre temas relevantes de la vida del país que congrega a expertos, académicos y munícipes para en un ambiente armónico y de respeto reflexionar y buscar solución a la problemática planteada.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD y de Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad. Rodríguez ratificó el compromiso que tiene la más vieja de casa de estudios del continente en seguir promoviendo el debate académico y plural que contribuye al mejoramiento de la democracia dominicana. En tanto que Castillo manifestó que la Fundación Solidaridad durante 25 años a encauzado iniciativas y alianzas dirigidas a fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, la gestión municipal participativa, promoción de la transparencia y capacitación en temas de desarrollo local.

Santiago de los Caballeros

20 de febrero del 2015.

Los gobiernos locales tienen el desafío de mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas para obtener mayor legitimidad social y al propio tiempo avanzar en un régimen de incentivos que vincule estos avances de la gestión municipal con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.

La afirmación es de Oscar Domenella, Coordinador de la Asistencia Técnica del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (PASCAL), el cual tiene el propósito de mejorar el desempeño de 40 Ayuntamientos piloto en planificación territorial, gestión presupuestaria y de Recursos Humanos, rendición de cuenta, transparencia y participación social.

Manifestó que la administración pública local es percibida como ineficaz en el suministro de servicios, con escasa transparencia y rendición de cuentas, por lo que consideró es arriesgado tener altos niveles de autonomía y bajos de transparencia.

Al describir el escenario ideal señaló que es aquel en el que pudieran existir municipios con niveles efectivos de autonomía política, administrativa y financiera y un marco normativo procedimental adaptado a las características territoriales.

Consideró, además, que en ese escenario deben existir condiciones objetivas y herramientas de gestión para el desarrollo sostenible del territorio, contando con instrumentos para un manejo transparente de los recursos públicos como  mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.

En ese ámbito afirmó debe producirse la articulación y sinergia competencial a nivel territorial y los gobiernos locales deben gozar de la legitimidad y respaldo social, existiendo a la vez un régimen de incentivos que vincule los avances en materia de gestión y transparencia con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.

Domenella indicó que la proporción de los recursos públicos manejados por los gobiernos locales son insuficientes para cumplir con las competencias y estándares administrativos que les exige la legislación dominicana.

Expuso que los gobiernos locales se ven también afectados por la escasa evolución del marco normativo, la baja institucionalidad de la administración pública municipal, la cultura política y el bajo nivel de coordinación entre el gobierno central y municipal.

En relación con el marco normativo dijo que hay un estancamiento de la Ley Orgánica de la Administración Local y del reglamento para la incorporación de los servidores municipales a la carrera administrativa, y una ausencia del enfoque de cara a la visión territorial y a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La creación de las entidades municipales no ha sido fundamentada con criterios de descentralización o desconcentración administrativa, ni  existe un marco de proporcionalidad entre las necesidades de cohesión territorial, la complejidad del territorio, los factores socio demográficos, económicos y las estructuras de gestión de los gobiernos locales, adujo.

Las afirmaciones de Oscar Domenella se produjeron al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas, que en esta oportunidad abordó el tema Transparencia y Autonomía Municipal: desafíos para los gobiernos locales y la sociedad civil. El mismo es un espacio de discusión y debate organizado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Previo a la presentación de Domenella habló el Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD, quien destacó la pertinencia del tema y la necesidad de que los gobiernos locales mejoren su desempeño mediante la profesionalización de los funcionarios municipales, haciendo mayor rendición de cuentas y promoviendo la participación de la ciudadanía.

En tanto que Ana Vásquez valoró positivamente al Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales que se desarrolla con financiamiento de la Unión Europea.  En el PASCAL intervienen actores gubernamentales y no gubernamentales, encabezados por el Ministerio de Administración Pública y entidades concurrentes del gobierno central, y los ayuntamientos. Un consorcio integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil intervendrá en los municipios que han sido seleccionados para contribuir a mejorar la gestión municipal.

Santiago de los Caballeros

1 de octubre del 2014