Decenas de organizaciones sociales de base comunitaria congregadas en el Encuentro Regional Norte por el Derecho a la Salud, realizado en el Recinto Ercilia Pepín del CURSA-UASD en Santiago, demandaron que el Gobierno garantice salud digna y protección social efectiva para toda la población del país, especialmente para los grupos más vulnerables y empobrecidos de la sociedad, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidades, minorías discriminadas y personas con enfermedades crónicas y mentales.
El Encuentro contó con la participación del Lic. Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), quien destacó la importancia de la participación de la ciudadanía en la construcción social de la salud.
Chanel Rosa indicó que el ejercicio y disfrute del derecho a la salud en el país enfrenta muchos desafíos: presupuestarios y financieros, de gestión social y administrativa, de estrategias por resultados y modelos de intervención, etc. En todos ellos el Estado y la sociedad civil deben coordinar esfuerzos y unir voluntades para que las políticas públicas del país garanticen derechos y gestionen con eficacia y responsabilidad los determinantes sociales de la salud, incluyendo no sólo los aspectos clínicos y los riesgos sanitarios, sino además aquellas prácticas culturales y hábitos no saludables que afectan la calidad de vida y los costos del cuidado de la salud de la gente, así como ciertas actitudes comerciales, sociales y políticas que erosionan el suministro de los servicios públicos.
En dicho Encuentro se llevó a cabo un panel sobre la situación de la salud en la Región Norte en la que participaron la Licda. Raquel Rivera del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, la Dra. Gloria Ramos del Núcleo de Apoyo a la Mujer, y el Ing. Aquiles Olivo, encargado del sistema de registros y estadísticas de la Regional Norte de Salud.
Las panelistas denunciaron los altos índices de mortalidad materna e infantil en el país, cuestionaron el estado de abandono de las instalaciones sanitarias y la falta de profesionales y especialistas de salud en varias provincias y municipios de la región norte, y demandaron que las autoridades garanticen prestaciones de servicios de salud oportuna y de calidad, dignificando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud a través de una adecuada carrera sanitaria. Exigieron una efectiva intervención del sector salud en la prevención de la violencia contra la mujer, demandando la aplicación efectiva de las normas de atención sanitaria a la violencia de género.
El Encuentro fue organizado por un Comité Gestor integrado por la Fundación Solidaridad, CIDEL, el Centro Montalvo, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal y la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), un espacio de articulación ciudadana que lucha a nivel nacional por el derecho a una salud pública digna, equitativa, oportuna y de calidad.
Al concluir el Encuentro, Alba Reyes, coordinadora de ADESA, presentó una síntesis de la proclama de la alianza, destacando la necesidad de mayor y mejor presupuesto para la salud, de que la gestión de la salud se lleve a cabo como un derecho social y público y no como un negocio o un privilegio para aquellos grupos comerciales y financieros que tienen secuestrada la salud de la población.
Exigió que el Estado ponga en funcionamiento la estrategia del primer nivel de atención de manera eficiente y razonable, garantizando una adecuada capacidad resolutiva y mayor eficacia de los centros y hospitales de primer nivel en todo el país, y un procedente y oportuno sistema de referimiento hacia los centros de segundo y tercer nivel, incluyendo la movilidad y transporte en caso de emergencias.
Reyes reiteró que la salud pública es un bien social que el Estado debe garantizar, por eso se deben adoptar políticas públicas y reformas que frenen la especulación comercial y financiera que han impuesto los bancos, las administradoras de riesgo de salud (ARS) y las entidades prestadoras de servicios de salud (PSS), las cuales han cerrado filas para imponer una lógica de concentración y acumulación de ganancias por encima del derecho fundamental a la salud. “En ese sentido, como ADESA confirmamos la disposición de coordinar esfuerzos desde la sociedad civil de base comunitaria para apoyar una gestión pública de la salud comprometida con garantizar derechos a la ciudadanía”, indicó la vocera.
