AFPs bajo la lupa: Garantía de derechos Vs. Rentabilidad privada

Santiago. En medio del debate nacional y legislativo sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social, fue presentada la publicación “¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana? Un análisis exploratorio para el debate de políticas”. El estudio revela cómo el sistema de pensiones, lejos de garantizar derechos, ha sido estructurado para favorecer a grandes grupos financieros del país.

La investigación expone que el modelo de capitalización individual, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha consolidado un esquema de acumulación que concentra poder económico y político. Las AFP, vinculadas a conglomerados con intereses en banca, seguros, inversiones y construcción, operan con altas tasas de rentabilidad para sus accionistas, mientras las personas trabajadoras enfrentan pensiones bajas e insuficientes para una vejez digna.

Las AFP presentan altos niveles de rentabilidad financiera para sus accionistas, pero no garantizan tasas de reemplazo suficientes ni pensiones que cubran las necesidades básicas de las personas afiliadas, señalan los autores.

Entre 2004 y 2023, las AFP acumularon más de RD$101,000 millones en gastos operativos, una cifra que —según el estudio— no se justifica con la complejidad de sus operaciones ni se traduce en beneficios proporcionales para los trabajadores. Por el contrario, representa una extracción significativa de recursos del sistema.

El documento también advierte sobre la existencia de un oligopolio: cinco AFP concentran el 96.7% de los ingresos del sistema, gestionando más de un billón de pesos, equivalentes al 15.6% del PIB nacional. A través de estructuras verticales y prácticas de reinversión dentro de sus propios grupos, las AFP logran multiplicar su rentabilidad, incluso en tiempos de crisis económica, sin que esto represente mejoras para las y los afiliados.

La presentación estuvo a cargo de Matías Bosch Carcuro, en tanto que los comentarios estuvieron a cargo de Ramón Céspedes. La publicación busca aportar al debate público sobre el futuro del sistema de pensiones en República Dominicana, en un momento clave para decidir si se profundiza la lógica mercantil o se recupera el carácter público y solidario de la seguridad social.

La investigación fue presentada por las organizaciones que integran el consorcio Más Derechos, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, implementado por la Fundación Friedrich-Ebert (FES), Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), Ciudad Alternativa y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). La actividad se desarrolló conjuntamente con la Fundación Solidaridad en el marco del Diálogo sobre Políticas Públicas.

Diputados de la provincia Santiago realizan descenso a cañada del barrio Santa Lucía en Santiago Oeste

Constataron el grado de contaminación de la cañada y los riesgos a los que se exponen decenas de familias que habitan en su entorno

SANTIAGO. Diputados de esta provincia realizaron hoy un descenso, junto a comunitarios, para conocer de cerca el estado de contaminación de la cañada del barrio Santa Lucia en el Distrito Municipal Santiago Oeste.

Los diputados José David Báez, Mateo Espaillat, Mayobanex Martínez y Braulio Espinal escucharon las preocupaciones de los residentes y observaron el impacto ambiental en la zona. Se comprometieron a llevar este tema ante las autoridades correspondientes y explorar posibles soluciones.

Previo al recorrido por el área de la cañada, en un encuentro realizado en el centro comunitario, Rosa Silverio, coordinadora del Consejo para el Desarrollo del Barrio Santa Lucía, expuso que las viviendas cercanas a la cañada enfrentan riesgos por la contaminación y

acumulación de desechos sólidos y aguas residuales, lo que afecta la salud y la seguridad de las familias.

Manifestó que tres viviendas ya han colapsado y que alrededor de 60 se encuentran expuestas a derrumbes e inundaciones. Mostró su complacencia con la presencia de los diputados y los invitó a que tomen acciones que conduzcan a la solución de la problemática.

Por su parte el diputado José David Báez, quien coordinó la visita de los diputados a la comunidad, en su intervención expresó que los residentes en Santa Lucía tienen derecho a vivir con dignidad y que el estado tiene la obligación de garantizarlo. Indicó, además, que los diputados presentes asumen el compromiso de canalizar ante las instituciones de gobierno que tienen la competencia la solución de la problemática.

En iguales términos se pronunciaron los diputados Mateo Espaillat y Mayobanex Martínez. Los legisladores indicaron que en los próximos días someterán una resolución en el hemiciclo en la que solicitarán que se realicen los estudios correspondientes y se destinen recursos para el saneamiento de la cañada del barrio Santa Lucía.

Durante el recorrido por la cañada los diputados fueron acompañados por la lideresa comunitaria Rosa Silverio; José Jáquez, Alfredo Matías, Melvin Rivas y Arturo Reyes del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y Fundación Solidaridad, así como decenas de habitantes de la comunidad.

El Barrio Santa Lucía (antiguamente conocido como La Mosca) pertenece al Distrito Municipal Santiago Oeste, Municipio Santiago de los Caballeros, y está situado en el extremo noroeste de la mancha urbanizada de este. Se trata de uno de los barrios más vulnerables de Santiago, ya que se sitúa muy cerca del vertedero municipal de Rafey.

Realizan seminario sobre el “Enfoque de los Derechos de la Mujer en la Gestión Municipal”

En el cónclave tratan sobre la equidad de género y la participación de la mujer en la gestión local

Santiago. – El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), conjuntamente con el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), realizaron este jueves el seminario “Enfoque de los Derechos de la Mujer en la Gestión Municipal”, en el marco del proyecto Jóvenes por la Igualdad, liderazgo comunitario juvenil para generar espacios de incidencia social.

La actividad contó con ponencias y reflexiones guiada por Susi Pola, experta en género y desarrollo; Mariana Moreno, vicealdesa de Santiago; Mildred Mata, trabajadora social y feminista; y la municipalista Ana Vásquez. Participaron vicealcaldesas, regidoras y técnicos municipales de ayuntamientos pertenecientes a municipios de la provincia de Santiago. También académicos, lideres y lideresas de organizaciones sociales de la provincia. 

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el presidente del CIDEL, José Jáquez, mientras el contexto y objetivos del seminario fue dado a conocer por la directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, Manuela Vargas.

La experta en género y desarrollo, Susi Pola, tuvo a su cargo la conferencia “El Rol de los ayuntamientos en la Promoción de Derechos y la Equidad de Género”. En su intervención expuso que “en el plano municipal, la presencia, participación y experiencia de las mujeres en las instituciones de gobierno local y el ejercicio del poder público local, no aparecen entre los temas que captan mayormente el interés y la atención de los estudios y proyectos de investigación, comparados con el interés y atención que capta, por ejemplo, la participación política de las mujeres en los parlamentos y partidos políticos”.

Indicó, además, que los análisis y trabajos de investigación sobre las políticas públicas con enfoque de género, rara vez descienden al ámbito local y se introducen en los espacios de la institucionalidad municipal; el gobierno central sigue siendo el principal foco de atención.

 Sin embargo, “en la región y en las últimas cuatro a cinco décadas, las mujeres nos hemos movido y articulado, consiguiendo avances significativos legislados, mostrándonos que, el imaginario jurídico legal, como todo el imaginario social, no se cambia de un día para otro cuando las estructuras establecidas tienen raíces socio culturales profundas, en este caso, en la cultura patriarcal”, expuso.

En el panel “Perspectiva de Género en la Gestión Municipal: Un Compromiso con los Derechos la doctora Mariana Moreno, vicealcaldesa del municipio de Santiago, abordó el tema “Servicios Municipales desde la Perspectiva del Enfoque de Derechos”, mientras que Mildred Mata, se enfocó en las Políticas Públicas en la Gestión Municipal. El panel fue moderado por Ana Vásquez, coordinadora del proyecto “Liderazgo comunitario juvenil para generar espacios de incidencia social y política para la mejora de la igualdad de género.

El proyecto es implementado por el CIDEL y el Núcleo de Apoyo a la Mujer con el cofinanciamiento de la Xunta de Galicia. Tiene como objetivo reducir la desigualdad y las violencias machistas a partir de un enfoque de participación comunitaria, en especial con la movilización de mujeres y jóvenes a favor de una sociedad igualitaria libre de violencia.

Estiman pertinente iniciar un proceso de diálogo y análisis sobre la Reforma Fiscal

SANTIAGO. El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), la Fundación Friedrich Ebert, Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y Fundación Solidaridad realizaron en esta ciudad el seminario Equidad y Derechos en la Reforma Fiscal: Un Diálogo Necesario, evento que contó con la participación de expertos en el tema, estudiantes, académicos, profesionales de distintas ramas del saber e integrantes de organizaciones sociales y comunitaria.

 

El economista Apolinar Veloz dictó la conferencia Equidad y Derechos en la Reforma Fiscal. ¿Qué tipo de reforma necesitamos?, en tanto que un panel integrado por Nelson Hahn y Agustín González, moderado por Paula Rodríguez, abordó el tema Justicia Fiscal y Derechos: Hacia una Reforma Inclusiva.

 

El Seminario sobre la reforma fiscal se realizó en el marco del proyecto “Más Derechos”, que busca potenciar las capacidades de participación e incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la agenda pública y los diálogos políticos, a fin de avanzar en materia de justicia de género, trabajo decente y transformación socio-ecológica, contando con el cofinanciamiento de la Unión Europea.

 

Desde litorales gubernamentales se ha informado de la posibilidad de que próximamente el Presidente de la República presente al país una propuesta de Reforma Fiscal en el marco de un paquete de reformas que estiman necesarias.

 

En la Estrategia Nacional de Desarrollo END 2030 (Ley No. 1-12) “Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.

 

La END plantea, además, que el pacto fiscal implicaría el inicio de un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, y racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, entre otros.

 

En ese sentido las instituciones que implementan el proyecto Fortalecimiento de las OSC y su capacidad de interlocución con decisores/as a nivel legislativo y municipal en torno a una agenda de derechos humanos, estiman pertinente iniciar un proceso de diálogo y análisis sobre la Reforma Fiscal y de cómo esta podría impactar en sectores marginales y que, por demás, son excluidos de los espacios de toma de decisiones.

 

 En la apertura del evento el profesor Alfredo Matías, Director Ejecutivo del CIDEL expresó que la Estrategia Nacional de Desarrollo concibe un pacto fiscal con una amplia participación de los diversos sectores sociales, políticos y económicos, por lo que en el proceso de una eventual reforma fiscal se debe posibilitar la participación activa de la ciudadanía para que exprese sus pareceres sobre el tipo de reforma que debe aprobarse.

 

El Seminario “Equidad y Derechos en la Reforma Fiscal: Un Diálogo Necesario”, se inscribe en el conjunto de actividades definidas para la elaboración de Una Agenda de derechos consensuada, elaborada y liderada por las OSC y discutida a nivel, programático, técnico y metodológico, con actores políticos/a comprometidos con los derechos humanos, igualdad y justicia social, identificando en conjunto ventanas de oportunidad y estrategias para su implementación.