Afirman ayuntamientos deben mejorar niveles de transparencia para obtener mayor legitimidad

Oscar DomenellaLos gobiernos locales tienen el desafío de mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas para obtener mayor legitimidad social y al propio tiempo avanzar en un régimen de incentivos que vincule estos avances de la gestión municipal con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.

La afirmación es de Oscar Domenella, Coordinador de la Asistencia Técnica del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (PASCAL), el cual tiene el propósito de mejorar el desempeño de 40 Ayuntamientos piloto en planificación territorial, gestión presupuestaria y de Recursos Humanos, rendición de cuenta, transparencia y participación social.

Manifestó que la administración pública local es percibida como ineficaz en el suministro de servicios, con escasa transparencia y rendición de cuentas, por lo que consideró es arriesgado tener altos niveles de autonomía y bajos de transparencia.

Al describir el escenario ideal señaló que es aquel en el que pudieran existir municipios con niveles efectivos de autonomía política, administrativa y financiera y un marco normativo procedimental adaptado a las características territoriales.

Consideró, además, que en ese escenario deben existir condiciones objetivas y herramientas de gestión para el desarrollo sostenible del territorio, contando con instrumentos para un manejo transparente de los recursos públicos como  mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.

En ese ámbito afirmó debe producirse la articulación y sinergia competencial a nivel territorial y los gobiernos locales deben gozar de la legitimidad y respaldo social, existiendo a la vez un régimen de incentivos que vincule los avances en materia de gestión y transparencia con aumentos en los niveles de autonomía financiera y administrativa.

Domenella indicó que la proporción de los recursos públicos manejados por los gobiernos locales son insuficientes para cumplir con las competencias y estándares administrativos que les exige la legislación dominicana.

Expuso que los gobiernos locales se ven también afectados por la escasa evolución del marco normativo, la baja institucionalidad de la administración pública municipal, la cultura política y el bajo nivel de coordinación entre el gobierno central y municipal.

En relación con el marco normativo dijo que hay un estancamiento de la Ley Orgánica de la Administración Local y del reglamento para la incorporación de los servidores municipales a la carrera administrativa, y una ausencia del enfoque de cara a la visión territorial y a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La creación de las entidades municipales no ha sido fundamentada con criterios de descentralización o desconcentración administrativa, ni  existe un marco de proporcionalidad entre las necesidades de cohesión territorial, la complejidad del territorio, los factores socio demográficos, económicos y las estructuras de gestión de los gobiernos locales, adujo.

Las afirmaciones de Oscar Domenella se produjeron al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas, que en esta oportunidad abordó el tema Transparencia y Autonomía Municipal: desafíos para los gobiernos locales y la sociedad civil. El mismo es un espacio de discusión y debate organizado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Previo a la presentación de Domenella habló el Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de la UASD, quien destacó la pertinencia del tema y la necesidad de que los gobiernos locales mejoren su desempeño mediante la profesionalización de los funcionarios municipales, haciendo mayor rendición de cuentas y promoviendo la participación de la ciudadanía.

En tanto que Ana Vásquez valoró positivamente al Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales que se desarrolla con financiamiento de la Unión Europea.  En el PASCAL intervienen actores gubernamentales y no gubernamentales, encabezados por el Ministerio de Administración Pública y entidades concurrentes del gobierno central, y los ayuntamientos. Un consorcio integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil intervendrá en los municipios que han sido seleccionados para contribuir a mejorar la gestión municipal.

Santiago de los Caballeros

1 de octubre del 2014

CIDEL entrega placa de reconocimiento a director del Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin fines de Lucro.

Ana Vásquuez y Hernán Paredes

 

El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) reconoció el trabajo desarrollado por el Ingeniero Hernán Paredes al frente del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro de la Republica Dominicana.

En un acto realizado en la ciudad de Santiago el ingeniero Paredes recibió de mano de Ana Vásquez, en representación del CIDEL, una placa de reconocimiento por su dedicación y esfuerzo para hacer del Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro un organismo que canaliza eficientemente la  relación entre el Estado y la sociedad civil.

Al hacer entrega de la placa de reconocimiento Ana Vásquez expresó que el director ejecutivo del CASFL se ha esforzado en brindar apoyo a las asociaciones sin fines de lucro contribuyendo al fortalecimiento institucional de las mismas, al intercambio de ideas, a la socialización de experiencias y al desarrollo del país.

El Centro Nacional de Fomento de y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro cumple de este modo con las atribuciones que les son conferidas en el artículo 27 de la Ley 122-05 que lo crea, manifestó la representante del CIDEL.

El ingeniero Hernán Paredes al recibir la placa de reconocimiento expuso que se siente altamente identificado con la labor que realiza. En cada visita que hago a las comunidades para dar seguimiento al trabajo que realizan las organizaciones sin fines de lucro compruebo la labor que en favor del desarrollo del país desarrollan las entidades no gubernamentales, precisó.

He estado en la sierra por San José de las Matas y visto como en la comunidad de El Caimito como organizaciones de la sociedad civil desarrollan iniciativas para proteger el medio ambiente, contribuir a disminuir la pobreza y promover la participación ciudadana, indico. Así ocurre en muchísimas localidades del país donde son las organizaciones no gubernamentales quienes promueven en mayor medida el desarrollo comunitario.

El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) es una asociación sin fines de lucro que tiene la finalidad de promover el fortalecimiento institucional, el empoderamiento ciudadano, el desarrollo local, la participación comunitaria y la transparencia.

Desde el año 2010 desarrolla actividades en la provincia de Santiago fundamentalmente en los municipios de Puñal, Santiago de los Caballeros y Licey al Medio. Es el capítulo nacional de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) entidad con la cual mantiene un acuerdo de colaboración en materia de capacitación y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

Santiago de los Caballeros

30 de septiembre del 2014.

 

 

Plantean aumentar la inversión pública en la prevención de embarazos en la adolescencia

Jefrey Lizardo

 

La atención a embarazos en las adolescentes representa el 5% del gasto público total en salud presupuestado en el año 2013, según establece el Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana presentado en la ciudad de Santiago.

El estudio fue presentado por el investigador Jefrey Lizardo y Jeremy Freehill, Oficial Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes sostuvieron que el embarazo y la maternidad de adolescentes en  la Republica Dominicana representan un desafío de gran importancia para las políticas públicas, en vista de  los factores macro sociales que inciden en los mismos.

El costo anual estimado para la atención al embarazo y maternidad en adolescentes asciende a 2,100 millones de pesos, destacó Jefrey Lizardo. 729 millones de pesos son aportados directamente por los bolsillos de los hogares, lo que constituye una enorme carga financiera para las familias pobres.

¿Por qué el embarazo y maternidad en adolescentes debe constituirse en un tema prioritario de políticas públicas? Se preguntó Lizardo, para afirmar que el mismo tiene un alto  impacto y carga para las familias y la sociedad en general, en tanto  recae en los más pobres, empobrece más a los hogares. El 86% de las adolescentes embarazadas corresponde al quintil más pobre y acude a los hospitales públicos en procura de atención.

Indicó que dependiendo del establecimiento público en que se preste la atención el costo promedio de servicios de salud en embarazos y maternidad en adolescentes puede ascender entre 14 mil y 55 mil pesos, si el parto es normal. Cuando el embarazo es riesgoso ese monto se eleva entre un 11 y 16% expresó.

Manifestó que es necesario corregir fallas en el Sistema Nacional de Salud y aumentar la inversión pública en la prevención y el seguimiento al embarazo en las adolescentes.

El Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana fue presentado en el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la coordinación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Centro Integral para el Desarrollo Local, la Dirección Provincial del Ministerio de la Mujer, Fundación Progressio y Children International.

En representación del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo habló su director Genaro Rodríguez. En tanto que en nombre del CIDEL y el Ministerio de la Mujer intervinieron Ana Vásquez y  Miguelina Mendoza.

Santiago de los Caballeros

29 de septiembre del 2014.

En foro sobre veeduría social plantean necesidad de mejorar el gasto público

Mesa prinicipal

 

La Fundación Solidaridad  y el Foro Socioeducativo realizaron en la ciudad de Santiago el Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas con el objetivo de conocer experiencias de control social que se desarrollan en la República Dominicana que procuran mejorar la calidad del gasto público y de manera especial la inversión del 4% en educación.

En el foro intervinieron como panelistas Enrique Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de EDUCA y Coordinador del Foro Socioeducativo; María Altagracia Mendoza, Especialista de Protección Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Juan Núñez, directivo de la Asociación Dominicana de Profesores; y Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad.

Al hablar sobre el Pacto Educativo,  María Altagracia Mendoza expuso que  la participación activa de todos los actores de la vida nacional, en especial la comunidad educativa, es fundamental para el éxito del Pacto Educativo, tras considerar que el mismo reconoce que la educación es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Señaló que la creación de espacios y prácticas promisorias de aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo solo será posible con el concurso de todos los sectores de la vida nacional a fin de asegurar que los recursos están siendo utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y rendición de cuentas que permitan el logro de los objetivos perseguidos por el Pacto Educativo.

Por su parte Enrique Darwin Caraballo indicó que la veeduría social a las políticas públicas desarrolladas por los ciudadanos organizados permite  velar por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, la vigencia de la Ley y de los compromisos asumidos por las autoridades públicas.

Indicó que el Observatorio del Presupuesto Educativo  es  un instrumento de veeduría social efectivo que permite identificar como  y en que se invierte el presupuesto del Ministerio de Educación, haciendo énfasis en que lo importante no es saber cuánto se invierte, sino como y en que se invierte.

Juan Núñez, hablando en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , cuestionó la inversión de cuantiosos recursos en la promoción de la llamada “revolución educativa”, indicando que los problemas fundamentales de la educación no se resuelven solo con la construcción de aulas o la evaluación de los docentes.

Sin embargo valoró los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil en procura de lograr una mejora en la calidad del gasto público. Si el Estado invierte bien en la educación, fortalece las políticas públicas, indicó.

La experiencia de Fundación Solidaridad en materia de control social fue presentada por Juan Castillo, quien narró las iniciativas que ha puesto en marcha esa organización de la sociedad civil destinada a hacer incidencias ante los ayuntamientos y el gobierno central en procura de lograr una mejoría en la calidad de los servicios y del gasto público.

Dentro de esas iniciativas se encuentran el Observatorio de la Democracia Local y la Observación Ciudadana a los Ayuntamientos de los Municipios de la Provincia de Santiago, involucrando a una red de observadores que levantan información y producen informes que presentan los hallazgos y recomendaciones para la mejora de los servicios.

El Foro Socioeducativo  (FSE) es un espacio integrado por instituciones que re­flexionan y debaten sobre temas socioeducativos desde el año 2000, gene­ran información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educa­ción dominicana y en la constitución de una ciudadanía crítica, así como en la construcción de un Estado de derecho.

La Fundación Solidaridad es una institución sin fines de lucro que apoyándose en los principios de la solidaridad, la equidad, el esfuerzo compartido y la democracia participativa, facilita procesos y acompaña a los actores sociales de las comunidades en las cuales interviene para que los mismos sean sujetos activos en la construcción del bienestar colectivo.

Las palabras de apertura del Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas estuvieron a cargo de Pedro Acevedo, Director del Colegio De la Salle, en tanto que las palabras finales fueron pronunciadas por Magda Pepén Peguero, Coordinadora Técnica del Foro Socioeducativo.

Santiago de los Caballeros

18 de septiembre del 2014.