Plantean aumentar la inversión pública en la prevención de embarazos en la adolescencia

Jefrey Lizardo

 

La atención a embarazos en las adolescentes representa el 5% del gasto público total en salud presupuestado en el año 2013, según establece el Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana presentado en la ciudad de Santiago.

El estudio fue presentado por el investigador Jefrey Lizardo y Jeremy Freehill, Oficial Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes sostuvieron que el embarazo y la maternidad de adolescentes en  la Republica Dominicana representan un desafío de gran importancia para las políticas públicas, en vista de  los factores macro sociales que inciden en los mismos.

El costo anual estimado para la atención al embarazo y maternidad en adolescentes asciende a 2,100 millones de pesos, destacó Jefrey Lizardo. 729 millones de pesos son aportados directamente por los bolsillos de los hogares, lo que constituye una enorme carga financiera para las familias pobres.

¿Por qué el embarazo y maternidad en adolescentes debe constituirse en un tema prioritario de políticas públicas? Se preguntó Lizardo, para afirmar que el mismo tiene un alto  impacto y carga para las familias y la sociedad en general, en tanto  recae en los más pobres, empobrece más a los hogares. El 86% de las adolescentes embarazadas corresponde al quintil más pobre y acude a los hospitales públicos en procura de atención.

Indicó que dependiendo del establecimiento público en que se preste la atención el costo promedio de servicios de salud en embarazos y maternidad en adolescentes puede ascender entre 14 mil y 55 mil pesos, si el parto es normal. Cuando el embarazo es riesgoso ese monto se eleva entre un 11 y 16% expresó.

Manifestó que es necesario corregir fallas en el Sistema Nacional de Salud y aumentar la inversión pública en la prevención y el seguimiento al embarazo en las adolescentes.

El Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana fue presentado en el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la coordinación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Centro Integral para el Desarrollo Local, la Dirección Provincial del Ministerio de la Mujer, Fundación Progressio y Children International.

En representación del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo habló su director Genaro Rodríguez. En tanto que en nombre del CIDEL y el Ministerio de la Mujer intervinieron Ana Vásquez y  Miguelina Mendoza.

Santiago de los Caballeros

29 de septiembre del 2014.

En foro sobre veeduría social plantean necesidad de mejorar el gasto público

Mesa prinicipal

 

La Fundación Solidaridad  y el Foro Socioeducativo realizaron en la ciudad de Santiago el Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas con el objetivo de conocer experiencias de control social que se desarrollan en la República Dominicana que procuran mejorar la calidad del gasto público y de manera especial la inversión del 4% en educación.

En el foro intervinieron como panelistas Enrique Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de EDUCA y Coordinador del Foro Socioeducativo; María Altagracia Mendoza, Especialista de Protección Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Juan Núñez, directivo de la Asociación Dominicana de Profesores; y Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad.

Al hablar sobre el Pacto Educativo,  María Altagracia Mendoza expuso que  la participación activa de todos los actores de la vida nacional, en especial la comunidad educativa, es fundamental para el éxito del Pacto Educativo, tras considerar que el mismo reconoce que la educación es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Señaló que la creación de espacios y prácticas promisorias de aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo solo será posible con el concurso de todos los sectores de la vida nacional a fin de asegurar que los recursos están siendo utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y rendición de cuentas que permitan el logro de los objetivos perseguidos por el Pacto Educativo.

Por su parte Enrique Darwin Caraballo indicó que la veeduría social a las políticas públicas desarrolladas por los ciudadanos organizados permite  velar por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, la vigencia de la Ley y de los compromisos asumidos por las autoridades públicas.

Indicó que el Observatorio del Presupuesto Educativo  es  un instrumento de veeduría social efectivo que permite identificar como  y en que se invierte el presupuesto del Ministerio de Educación, haciendo énfasis en que lo importante no es saber cuánto se invierte, sino como y en que se invierte.

Juan Núñez, hablando en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , cuestionó la inversión de cuantiosos recursos en la promoción de la llamada “revolución educativa”, indicando que los problemas fundamentales de la educación no se resuelven solo con la construcción de aulas o la evaluación de los docentes.

Sin embargo valoró los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil en procura de lograr una mejora en la calidad del gasto público. Si el Estado invierte bien en la educación, fortalece las políticas públicas, indicó.

La experiencia de Fundación Solidaridad en materia de control social fue presentada por Juan Castillo, quien narró las iniciativas que ha puesto en marcha esa organización de la sociedad civil destinada a hacer incidencias ante los ayuntamientos y el gobierno central en procura de lograr una mejoría en la calidad de los servicios y del gasto público.

Dentro de esas iniciativas se encuentran el Observatorio de la Democracia Local y la Observación Ciudadana a los Ayuntamientos de los Municipios de la Provincia de Santiago, involucrando a una red de observadores que levantan información y producen informes que presentan los hallazgos y recomendaciones para la mejora de los servicios.

El Foro Socioeducativo  (FSE) es un espacio integrado por instituciones que re­flexionan y debaten sobre temas socioeducativos desde el año 2000, gene­ran información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educa­ción dominicana y en la constitución de una ciudadanía crítica, así como en la construcción de un Estado de derecho.

La Fundación Solidaridad es una institución sin fines de lucro que apoyándose en los principios de la solidaridad, la equidad, el esfuerzo compartido y la democracia participativa, facilita procesos y acompaña a los actores sociales de las comunidades en las cuales interviene para que los mismos sean sujetos activos en la construcción del bienestar colectivo.

Las palabras de apertura del Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas estuvieron a cargo de Pedro Acevedo, Director del Colegio De la Salle, en tanto que las palabras finales fueron pronunciadas por Magda Pepén Peguero, Coordinadora Técnica del Foro Socioeducativo.

Santiago de los Caballeros

18 de septiembre del 2014.

Destacan rol de las organizaciones no gubernamentales en la promoción del desarrollo

Parte del público participante

El Director Ejecutivo del Centro Nacional de las Asociaciones Sin fines de Lucro destacó el rol que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la promoción del desarrollo y la lucha contra la pobreza, considerando también que es necesario el establecimiento de mecanismos de interrelación con el Estado que se correspondan con el aporte que realizan éstas al desarrollo social del país.

Al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas, abordando el tema Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Transparencia: Rol del Centro Nacional de las ASFL, el ingeniero Hernán Paredes indicó que las ONG desarrollan iniciativas en materia de salud, educación, participación de la ciudadanía y reducción de la pobreza, entre otros, en comunidades donde el Estado por diversas razones no ha llegado o su presencia es limitada.

Precisó que desde el Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro se trabaja en correspondencia con la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana No. 1-12, la que en sus objetivos y líneas de acción persigue asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.

Indicó que el primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo procura un Estado Social Democrático de Derecho, en cuyas líneas de acción se dispone estructurar y fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada que garanticen la prevención y el castigo de delitos administrativos en el Estado e instituciones que reciben fondos públicos, modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a las ONG, transformando los actuales subsidios en transferencias de recursos mediante convenios de gestión, así como promover el voluntariado como un mecanismo de participación de la población en el proceso de desarrollo y la solidaridad como valor, y consolidar y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de lo público.

Al reconocer el trabajo que realizan las ONG, expuso que las mismas son de vital importancia para el fortalecimiento de la sociedad civil, dan mayor legitimidad a la acción del Estado, fomentan el sentimiento de pertenencia de la comunidad nacional y favorecen la participación en la vida comunitaria. Asimismo, propician los procesos de cambios democratizadores en la cultura y en las prácticas políticas que posibilitan un mayor control social sobre las acciones de los representantes políticos.

Indicó también, que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la descentralización de la gestión pública del desarrollo nacional, al tiempo que planteó que es de alto interés para el organismo que dirige propiciar la creación, organización, funcionamiento e integración de las instituciones sin fines de lucro, a través de un marco legal general que les permita incorporarse jurídicamente y establecer sus mecanismos de autorregulación en ejercicio del principio a la autonomía de la voluntad contractual.

“Se considera necesario el establecimiento de mecanismos de interrelación con el Estado, así como de fomento, promoción y apoyo a las actividades que desarrollan las asociaciones sin fines de lucro, que se correspondan con el aporte que realizan al desarrollo social del país”, precisó Hernán Paredes.

Al referirse al rol del Centro Nacional de Fomento de las ASFL manifestó que el mismo es un organismo público conformado por la Sociedad Civil y el Gobierno, cuya finalidad consiste en impulsar la participación de esas instituciones en la gestión de los programas de desarrollo.

Destacó que dentro de sus atribuciones están las de impulsar la participación de las Asociaciones Sin fines de Lucro en la gestión de los programas de desarrollo, validar la clasificación establecida en la incorporación, calificarlas para obtener fondos públicos y el aval del Estado, recomendar al Poder Ejecutivo la concesión de fondos públicos, llevar el Registro Nacional de Habilitación, y contribuir a la difusión de las actividades y aportes de las mismas.

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio mensual de debates que organizan la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En representación de las organizaciones que organizan el evento hablaron Juan Castillo, Juan Guerra y Ana Vásquez.

Como parte de la dinámica del Diálogo sobre Políticas Públicas parte de los participantes formularon preguntas e hicieron comentarios favorables a la existencia del espacio y a la calidad de la exposición realizada.

Santiago de los Caballeros

21 de agosto del 2014

 

Consideran necesario abrir debate sobre la educación laica en República Dominicana

Participantes en el Diálogo

Académicos,  estudiantes y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de esta ciudad consideraron necesario que el debate sobre la educación laica se abra a todos los sectores de la vida nacional en cumplimiento con lo expresado en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

Al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas que realizan la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), expusieron que el Estado se comprometió en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014-2030 a promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la religión en la educación.

La Educación Laica no cuestiona los fundamentos de las religiones, pero tampoco se basa en ellos, sino en los resultados del progreso de la ciencia, cuyas conclusiones no pueden ser presentadas sino como teorías que se cotejan con los hechos y los fenómenos que las confirman o refutan, expresó Guido Riggio Pou al participar como expositor.

“La educación laica se inicia durante el gobierno provisional del General Gregorio Luperón en 1879, quién le abre las puertas a Eugenio María de Hostos para fundar la Escuela Normal, pasos que siguió Salomé Ureña de Henríquez para fundar su Instituto de Señoritas en 1881 para el entrenamiento de maestras. Así se crearon los pilares de la educación dominicana en el siglo XX”, indicó.

La Educación Hostosiana cambió radicalmente el método de enseñanza, al enfocarla en las vertientes de la moral secular y cívica, válida para toda la ciudadanía e independiente de sectarismos religiosos y por otra parte la construcción del conocimiento científico y matemático, manifestó Guido Riggio Pou.

Indicó que la misma opone  el evolucionismo científico a la concepción doctrinaria de la creación del universo; el razonamiento, al pensamiento doctrinario; el conocimiento, como resultado de los métodos experimentales de las ciencias, y no como dogmas fundamentados en absolutismos carentes de evidencias; y opuso el racionalismo a la retórica tradicional.

Expuso además, que los métodos de enseñanza de Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Henríquez fueron sacados  de la escuela dominicana por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien  para mantenerse en el poder necesitaba de un pueblo que no pudiera pensar por sí mismo, sino solo aprenda a repetir las verdades que otros con autoridad les enseñan.

Riggio Pou fue enfático al señalar que el sistema educativo está hipotecado y que el curriculum educativo vigente es un instrumento de dominio ideológico y cultural, ya que el mismo está orientado por los principios de la doctrina y la moral católica.

Por su parte el profesor y dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores Juan Núñez, manifestó que desde esa entidad, y sobre todo desde la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, en coordinación con el “Foro por un Estado Laico Eugenio María de Hostos”, se están promoviendo debates en diversas regiones del país como mecanismo de seguimiento a los compromisos del pacto educativo, entre ellos el de la educación laica.

El debate  sobre  La Educación Laica es un compromiso del Estado el cual se comprometió en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014-2030 a promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la religión en la educación.

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio de debates de las ideas y en el mismo  participan académicos, estudiantes, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con mejorar la calidad de la democracia, el respeto y la tolerancia.

Previo a la exposición de Guido Riggio Pou hablaron Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad y el maestro Juan Guerra en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes resaltaron la importancia de continuar produciendo debates relacionados con temas que impactan directamente sobre las personas.

Santiago de los caballeros

18 de julio del 2014.