Estudio plantea necesidad de mejora en los ayuntamientos dominicanos

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La veeduría ciudadana realizada a 40 ayuntamientos dominicanos revela que pese a que se han producido algunos avances en materia presupuestaria, es necesario mejorar la ejecución, los mecanismos de publicidad, control, evaluación, transparencia y participación ciudadana.

La Veeduría Ciudadana al Ciclo Presupuestario Municipal desarrollada por 10 organizaciones de la sociedad civil y coordinada por la Fundación Solidaridad, fue llevada a cabo por veedores y veedoras municipales integrantes de organizaciones comunitarias de los municipios donde interviene el Proyecto Ciudadanía Activa para una gestión local transparente e inclusiva.

El estudio valora que tan abierto es el presupuesto municipal, su publicidad, la evaluación y control, como también la legitimidad y representatividad de la participación ciudadana en la gestión municipal durante el año 2015.

Mejorar la publicidad del presupuesto municipal

La Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07 establece que “Aprobado inicialmente el presupuesto municipal, se expondrá al público, previo anuncio en el mural del ayuntamiento y en un medio de comunicación social de amplia difusión en el municipio, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar observaciones ante el concejo municipal”. Indicando en el artículo 330 que “Copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio en el que esté vigente”.

En cumplimiento de esta disposición de ley el 60% de los ayuntamientos monitoreado entregó el presupuesto 2015 a los veedores. Sin embargo, se está ante un 40% que no entregó tan importante documento, violentando lo establecido en ley 176-07 y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.

El informe revela que los ayuntamientos de los municipios que tuvieron un mayor nivel de cumplimiento fueron: Santo Domingo Este, Baní, Villa Tapia y Santiago, con un 90%. En segundo lugar, están Los Alcarrizos, Mao y San Pedro De Macorís, los tres con un 70%.

También se indagó en torno a la incorporación de mecanismos de difusión de información como es la página web. En este sentido se encontró que el 70% de las alcaldías tienen página web, de las cuales el 71% tiene colgado el presupuesto del año 2015.

¿Cómo va el Presupuesto Participativo Municipal?

El Presupuesto Participativo Municipal (PPM), tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto municipal, especialmente en lo concerniente al 40% de los recursos que reciben los municipios del Presupuesto Nacional en virtud de lo dispuesto por la Ley de Transferencia No. 166-03, y que deben destinar los ayuntamientos  a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto.

El Presupuesto Participativo Municipal, constituye uno de los principales mecanismos de participación, lo que también debe contribuir a mejorar la calidad de la representación de la ciudadanía en los gobiernos municipales.

Entre los elementos que fueron valorados por los veedores municipales en relación al Presupuesto Participativo municipal, figuran las convocatorias, los mecanismos utilizados para acordar las obras, así como los niveles de cumplimiento de los compromisos realizados con la población. El 30% de los ayuntamientos evaluados entregó evidencia física de convocatoria a la población, contra un 70% que no la entregó.

La metodología utilizada para la veeduría social combinó la revisión de documentos proporcionada por los ayuntamientos en respuestas a solicitudes de información realizada por los veedores, la búsqueda en los portales web y entrevistas a ciudadanos.

Las personas entrevistadas, señalaron la necesidad de fortalecer la comunicación entre las autoridades locales con la ciudadanía, para garantizar el cumplimiento efectivo de las etapas del Presupuesto Participativo Municipal, a saber: Preparación, diagnóstico y elaboración de visión estratégica de desarrollo; Consulta a la población, y Transparencia y Seguimiento al Plan de Inversiones Municipal.

En este ánimo se indagó en las actas obtenidas de los PPM la forma en que se aprobaron las obras, si por votación o consenso. El hallazgo es que sólo en 4 municipios el 100% de las obras del PPM 2015 fueron aprobadas por consenso. Estos son: Baní, Duvergé, Sabana De La Mar y Villa Jaragua. En segundo lugar, con 75% quedaron: Mao, Moca, Navarrete, Samaná, San José De Ocoa, San Juan De La Maguana y Villa Tapia. En tercer lugar, con 75% de sus obras aprobadas por consenso Los Alcarrizos y en cuarto lugar, con 50%: Castillo y Distrito Nacional.

Otro elemento relevante, tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos realizados en el marco del PPM, lo que se expresará en la conclusión de las obras. La labor de veeduría realizada arrojó que sólo un municipio inició y concluyó todas las obras a las que se comprometió en el año 2015. Este es Villa Jaragua, en tanto la mayoría no había iniciado las obras o si estaban iniciadas no habían sido concluidas.

En el caso de los Comités de Seguimiento y Control se solicitaron las actas de sus reuniones. El resultado es que sólo en 11 de los  ayuntamientos se entregaron dichos documentos.

Evaluación y control del presupuesto municipal

Los veedores municipales indagaron sobre la rendición de cuentas de los alcaldes ante el Concejo de Regidores y sobre la aplicación de mecanismos de control interno y de control social.

Uno de los principales resultados es que el 72.5% de los ayuntamientos no entregó evidencias que avale que el alcalde presentó informes ante el Concejo de Regidores. Este escenario, estaría indicando los ayuntamientos con muy alto nivel de centralización de las decisiones en la persona del alcalde y el escaso control y fiscalización por parte de los Regidores.

Otro de los elementos destinados a garantizar una gestión transparente, apegada de la normativa establecida en las diferentes leyes que afectan los municipios es la figura del contralor o contralora municipal. De los 40 ayuntamientos consultados se encontró que en el 75% no se pudo encontrar evidencia que confirmara la realización de un concurso público para la selección de este funcionario municipal.

En lo que respecta a la participación ciudadana en los mecanismos de fiscalización y control de la gestión municipal, esta se encuentra en situación en extremo precaria. En esa línea la ley 176- 07, en su artículo 262, norma que los ayuntamientos deben crear la reglamentación para que la ciudadanía pueda auditar la administración financiera municipal. En este aspecto sólo 7 ayuntamientos crearon la señalada reglamentación.

Hacen recomendaciones para mejore transparencia y participación

El informe de Veeduría Ciudadana al Ciclo Presupuestario Municipal consigna un conjunto de recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la gestión de los ayuntamientos y a dotarla de mayor nivel de transparencia y de participación de la ciudadanía. Entre ellas se encuentran facilitar el acceso a la información pública y  publicar el presupuesto y los informes de ejecución presupuestaria; incorporar  criterios sociales, técnicos y territoriales para la selección de obras del presupuesto participativo y dar cumplimiento a los acuerdos contraídos con las comunidades; crear los Comités de Seguimiento y Control  Municipal,  y fortalecer la labor de fiscalización del Concejo de Regidores.

El proyecto Ciudadanía Activa

El proyecto ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva procura contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática y a la cohesión social en la República Dominicana, a través del fortalecimiento de los espacios locales de diálogo entre la Sociedad Civil y las Autoridades Locales.

Es desarrollado por un consorcio liderado por Oxfam-Intermón, siendo co-partes la Fundación Solidaridad, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer), Asociación Ciudad Alternativa, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), CESAL, Plan International, Participación Ciudadana, Comunidad Cosecha, y el Instituto Católico de Relaciones Internacionales (PROGRESSIO).

La Fundación Solidaridad es una institución sin fines de lucro, que por más de 25 años desarrolla proyectos dirigidos a fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, la gestión municipal participativa, promoción de la transparencia y capacitación para organizaciones de la sociedad civil y ayuntamientos en los temas relativos al desarrollo local.

Sostienen servicios básicos municipales deben contribuir a mejorar calidad de vida de la población

Domingo Contreras, Director de la DIGEPEP

Santiago.- Con la finalidad de servir de escenario para reflexionar sobre los desafíos que tienen las autoridades locales para desarrollar una gestión apegada al mandato de las leyes así como satisfacer las expectativas de la ciudadanía, Fundación Solidaridad organizó en Santiago el seminario ¿Hacia dónde van los ayuntamientos dominicanos?

Al pronunciar la conferencia Estado Actual de la reforma municipal y desafíos para los ayuntamientos, Domingo Contreras, director general de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) aseguró que los gobiernos locales necesitan recursos pero deben ser transparentes en el manejo de los mismos.

Definitivamente el desarrollo no se puede impulsar sin los gobiernos locales. La reforma municipal debe estar conectada con el interés ciudadano y los servicios públicos municipales deben estar basados en estándares de calidad¨, expresó Contreras.

Además, el director de DIGEPEP se sumó a las voces que propugnan por el reciclaje, argumentando que como sociedad debemos superar la costumbre de usar y tirar. A su juicio “el hábitat tiene una influencia muy fuerte en el comportamiento de las personas. Cada municipio del país no puede tener un botadero de basura”, refirió Contreras.

El seminario ¿Hacia dónde van los ayuntamientos dominicanos? se enmarca dentro del proyecto ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva que lideran un consorcio integrado por 10 organizaciones de la sociedad civil y es parte del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL), que se implementa en 40 municipios de la República Dominicana con el financiamiento de la Unión Europea. Como contraparte del gobierno dominicano funge el Ministerio de Administración Pública (MAP).

La aspiración es que la gestión pública local tenga un enfoque más integral y considere en sus ejecutorias la planificación municipal, la gestión de los servicios municipales básicos, la transparencia y rendición de cuentas, así como las políticas sociales municipales y la carrera administrativa. Adicionalmente, que los ayuntamientos hagan valer la equidad de género y la verdadera participación de la ciudadanía en sus procesos.

En la apertura habló Julio Canelo, vice  ministro de Administración Pública y Juan Luis Pimentel, representante de la Federación Dominicana de Municipios. También el presidente de Fundación Solidaridad, Denis Mota y la representante de Oxfam, Gloria Amézquita.

Luego fue realizado el panel Situación actual de los ayuntamientos dominicanos con la participación de Kirsy Santanacoordinadora del proyecto ciudadanía activa para una gestión local transparente e inclusiva; la consultora Olaya Dotel y Manuel Parras de la Asistencia Técnica Internacional del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL). Los temas abordados en el panel, fueron: Profesionalización de la administración pública local, una mirada desde la veeduría ciudadana, La gestión del presupuesto y los servicios básicos municipales ¿cómo van?  Y ¿Cómo están los ayuntamientos dominicanos hoy?

Completando la jornada de la tarde, Juan Castillo y Juan Luis Pimentel encabezaron el panel Principales desafíos de los ayuntamientos y de la sociedad civil dominicana con las ponencias: Desafíos de la gestión municipal 2016-2020 y Desafíos de la sociedad civil para incidir en favor de una gestión municipal al servicio de la ciudadanía. Las conclusiones de la actividad fueron expuestas por Alfredo Matías, encargado de proyectos de Fundación Solidaridad.

El consorcio de instituciones es liderado por Oxfam-Intermón, siendo co-partes la Fundación Solidaridad, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer), Asociación Ciudad Alternativa, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), CESAL, Plan International, Participación Ciudadana, Comunidad Cosecha, y el Instituto Católico de Relaciones Internacionales (PROGRESSIO).

En el seminario participaron veedores y veedoras de los 12 municipios en que trabaja la Fundación Solidaridad, así como representantes de cada una de las organizaciones coparte del proyecto. También alcaldes de los municipios de la provincia de Santiago y de los municipios que son parte del plan, personalidades y organizaciones hermanas de Santiago.

Santiago de los Caballeros

26 de septiembre de

46va Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Santo Domingo 2016

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DECLARACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, en ocasión del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General;

REAFIRMANDO la naturaleza, propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA, los compromisos adoptados por los Estados Miembros en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París adoptado por los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático /, así como otros compromisos internacionales / vinculados a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental;

RECONOCIENDO los desafíos multidimensionales del desarrollo sostenible y que el logro de los objetivos de la Agenda 2030 en la región será impulsado por el fortalecimiento institucional; la eficacia, eficiencia, transparencia, ética y credibilidad de las instituciones públicas, con decisiones inclusivas y participativas; así como la coordinación intergubernamental, interinstitucional e intersectorial, en un ambiente seguro y propicio para la sociedad civil, otros actores sociales y la ciudadanía;

CONSCIENTES del reconocimiento que hace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las dificultades que enfrentan los países con situaciones especiales o de ingresos medianos para alcanzar el desarrollo sostenible, así como de la necesidad de fomentar el intercambio de experiencias, una mejor coordinación y apoyo del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales y otros interesados;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que para el logro del desarrollo sostenible y para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030, los Estados Miembros necesitan asimismo fortalecer los medios de implementación en ella definidos, así como el financiamiento necesario, la innovación, la creación de capacidades, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, en términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados;

TENIENDO EN CUENTA la importancia de revisión y actualización del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) y luego del compromiso de la Declaración de Tela “Construyendo una agenda de Desarrollo Sostenible para las Américas”, que adoptó el Marco Estratégico para el PIDS con el fin de renovar los esfuerzos que se realizan desde la Secretaría General de la OEA para acompañar los procesos de fortalecimiento institucional de los Estados Miembros y apoyar la implementación de la Agenda 2030;

CONSCIENTES de la importancia de incentivar el diálogo y las sinergias entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, otros actores sociales y el sector privado, así como las alianzas público-privadas para el proceso de fortalecimiento institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, y el combate a la corrupción en los sectores públicos y privados que contribuya a una mayor participación y consolidación de las democracias de nuestras sociedades;

TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Visión Estratégica, los objetivos estratégicos de la Organización, así como la priorización de mandatos realizada por los Estados Miembros, y una mejor gestión administrativa para el fortalecimiento institucional de conformidad con los pilares de la OEA;

RECONOCIENDO QUE la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencidos de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, que es una expresión común utilizada para referirse al planeta tierra en diversos países y regiones /.

DECLARAN:

1. Promover el fortalecimiento y la creación, cuando corresponda, de instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles de gobierno, que faciliten el logro de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las metas del Acuerdo de París, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba.

2. Asumir el firme compromiso con la implementación de la Agenda 2030 en las Américas y con el logro de sus Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible, los cuales son de carácter integrado e indivisible, así como reafirmar el compromiso con la erradicación del hambre; la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema; la lucha contra la desigualdad; la protección del medio ambiente; la gestión del riesgo de desastres y la lucha contra el cambio climático, entre otros.

3. Alentar el proceso que está llevando a cabo el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a efectos de promover el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012.

4. Alentar modelos de desarrollo y crecimiento económico más inclusivos, resilientes y sostenibles, con prácticas empresariales de responsabilidad social y ambiental acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5. Impulsar en los procesos de fortalecimiento institucional, el enfoque de derechos, incluyendo el respeto a los derechos humanos y sistemas de protección y promoción social con carácter universal, equitativo y no discriminatorio para vivir bien en armonía con la naturaleza y generando las condiciones para el logro del desarrollo pleno de los individuos y que permita avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible que tomen en consideración las necesidades de los grupos vulnerables.

6. Promover y fortalecer la formulación e implementación de políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas a fomentar la igualdad y equidad de género; así como el empoderamiento efectivo de la mujer como condiciones necesarias para el pleno respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en todas las esferas de la vida pública y privada. Asimismo, Impulsar acciones y aunar esfuerzos en la lucha contra todas las formas y modalidades de violencia contra la mujer, incluido el feminicidio/femicidio, y la discriminación hacia las mujeres y las niñas.

7. Promover acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes y sus familias, adultos mayores y otros miembros de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad.

8. Impulsar los procesos de profesionalización en la Administración Pública y la formación de servidores públicos capacitados, así como el establecimiento de sistemas modernos de gestión sustentados en el mérito para el ingreso, la permanencia y desarrollo de los recursos humanos.

9. Impulsar y fortalecer, la gestión pública de calidad, con un enfoque en el ser humano como agente de cambio y orientado a consolidar la institucionalización, coherencia y continuidad de las políticas públicas de conformidad con los objetivos y metas consignados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos internacionales relativos al desarrollo.

10. Promover la gestión pública, fortaleciendo las capacidades de las instituciones públicas como entidades responsables de implementar, junto con las autoridades regionales y locales, políticas vinculadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

11. Promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad como un componente vital del marco institucional necesario para el logro del desarrollo sostenible. En este sentido, fortalecer el diálogo político en materia de educación.

12. Promover la coherencia política e institucional, la coordinación interinstitucional efectiva y la articulación de políticas, así como facilitar las sinergias entre las metas, los planes de desarrollo, las políticas públicas, las acciones y los programas nacionales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, a través de la adopción de estrategias multisectoriales y multidimensionales que contengan una visión integral de las políticas de desarrollo sostenible, las cuales sean establecidas en función de las capacidades, realidades y prioridades de cada país.

13. Fortalecer las capacidades institucionales de los poderes públicos, respetando su independencia y fomentando su contribución al logro de sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

14. Promover el diálogo permanente, inclusivo e intercultural con la sociedad para lograr mayor cohesión social y reforzar la coordinación interinstitucional e intersectorial entre entidades públicas, privadas, la sociedad civil, la academia y otros actores sociales para el desarrollo sostenible de los Estados.

15. Fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas.

16. Promover la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana y el control en la gestión de los recursos de las instituciones del Estado, a través de la difusión de la información pública, y prever la adecuada organización, sistematización, y disponibilidad permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso de la ciudadanía, sujeto a normas constitucionales y jurídicas, incluyendo aquellas que tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad.

17. Promover el desarrollo y la aplicación de marcos jurídicos transparentes, que tengan en cuenta los intereses colectivos en favor del desarrollo sostenible.

18. Afirmar su convicción en el abordaje integrado de las tres dimensiones del desarrollo sostenible – social, económico y ambiental – por medio del diálogo y otros medios pacíficos de resolución de controversias y de prevención de conflictos, en el ámbito de un enfoque de derechos, y contribuyendo a la gobernabilidad democrática y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

19. Promover el respeto al Estado de Derecho en el plano nacional e internacional, la igualdad de acceso a la justicia y la implementación, según sea apropiado, de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

20. Continuar impulsando la lucha contra la corrupción, en todas sus formas, en el sector público y privado, así como promover el gobierno abierto y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), y su mecanismo de seguimiento; y fortalecer el desarrollo, en los Estados Miembros de mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad, como imperativo de los Estados para alcanzar una vida decente, digna y plena.

21. Impulsar el fortalecimiento institucional mediante acciones de cooperación horizontal, Sur-Sur y triangular para abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo y los retos de la pobreza y la desigualdad, además de fortalecer las buenas relaciones y promover la integración entre los países miembros de la OEA.

22. Ponemos de relieve que la financiación pública internacional es un complemento fundamental de los esfuerzos que realizan los países para movilizar recursos públicos a nivel interno, especialmente en los países más pobres y vulnerables con recursos internos limitados. Un importante papel de la financiación pública internacional, incluida la asistencia oficial para el desarrollo, es catalizar la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, tanto públicas como privadas. Los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo reafirman sus compromisos respectivos, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre un 0,15% y un 0,2% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

23. Reforzar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en foros regionales como la OEA, con el ánimo de fortalecer el intercambio de experiencias y promover su articulación con los gobiernos de la región.

24. Impulsar el potencial del sector privado, las alianzas público-privadas y de los mecanismos especializados de inversión y financiamiento para el desarrollo e integración existentes en la región para la creación de sinergias que viabilicen el logro de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

25. Promover la capacitación, la innovación tecnológica y productiva, la transferencia tecnológica, en términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados, y las acciones de responsabilidad social de las empresas y en particular de las pequeñas y medianas empresas, u otras modalidades organizativas, que las coloquen en mejores condiciones para el establecimiento de sus relaciones de intercambio, tendiendo al desarrollo de cadenas de valor entre emprendimientos de la región, lo que permitirá mejorar su complementariedad y competitividad.

26. Apoyar los diversos procesos de reforma encaminados a mejorar y fortalecer el funcionamiento efectivo del sistema financiero internacional y su arquitectura y promover un diálogo interamericano para atender las dificultades considerables para alcanzar el desarrollo sostenible a los que se enfrentan los países en desarrollo, incluyendo las dificultades de acceso a la asistencia oficial al desarrollo y el hecho de que algunos países no pueden tener acceso a financiamiento suficiente y asequible de otras fuentes para satisfacer sus necesidades, reconociendo que todos los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media y países en situaciones especiales, continúan enfrentando desafíos en cuanto al desarrollo sostenible. Alentar a las instituciones financieras internacionales que desempeñan un papel importante en el financiamiento del desarrollo a que analicen formas de integrar los objetivos del desarrollo sostenible, metas e indicadores en los procesos de toma de decisiones sobre la asistencia al desarrollo y financiamiento y que promuevan intercambios con todas las partes interesadas pertinentes para mejorar la multidimensionalidad de sus indicadores utilizados para describir el nivel de desarrollo de un país.

27. Instar a los países desarrollados a cumplir con los compromisos de proporcionar recursos financieros en materia de cambio climático, en particular mediante la capitalización del Fondo Verde para el Clima y otras fuentes alternativas, a fin de atender las necesidades de desarrollo de nuestra región respecto a la adopción de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

28. Consolidar la solidaridad regional para implementar programas a través de mecanismos financieros alternativos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

29. Fomentar así mismo, un acceso equitativo y universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a Internet de banda ancha en los países de las Américas, particularmente en países que requieran de tránsito por terceros para conectarse a la red de fibra óptica internacional, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles de los fondos de servicios universales, cuando corresponda.

30. Sensibilizar y educar a la población, en particular a los niños, niñas y adolescentes, sobre los desafíos que enfrenta el continente americano en relación con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

31. Reconocer la centralidad del Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas; así como sus foros pertinentes, como una pieza clave del sistema internacional para el apoyo a los Estados Miembros en la implementación de los objetivos de la Agenda 2030, y el papel de los componentes apropiados de ese sistema para el seguimiento de la referida implementación, en aras de evitar la duplicación por distintas organizaciones. Adicionalmente, los Estados Miembros de la OEA revitalizarán la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

32. Apoyar los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los países en desarrollo sin litoral en las acciones orientadas a mitigar el impacto de los desastres, el cambio climático y las epidemias, los cuales constituyen desafíos continuos para alcanzar el desarrollo sostenible.

33. Impulsar y apoyar acciones y programas interamericanos orientados al fortalecimiento de las instituciones y la construcción de capacidades nacionales, especialmente de los países en desarrollo y en particular los países menos desarrollados (LDCs, siglas en inglés) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID’s), a fin de articular los esfuerzos de la región hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

34. Respaldar el proceso de Visión Estratégica de la OEA, así como la priorización de mandatos aprobada por los Estados Miembros, para lograr una contribución Efectiva de la Organización al fortalecimiento Institucional para el desarrollo Sostenible.

35. Celebrar la adopción del PIDS, como instrumento de política institucional, aprobado en la V Reunión Ordinaria de la CIDS y encomendar a la Secretaria General de la OEA su implementación.

36. Encomendar a la Secretaría General a que trabaje en la articulación de esfuerzos con los Estados Miembros y los organismos regionales e internacionales para la implementación de compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible y cambio climático.

37. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en el marco de sus mandatos y en coordinación con otras entidades y organismos internacionales y regionales, promueva la movilización de recursos y facilite la asistencia técnica, a los Estados que lo soliciten, para avanzar con la implementación efectiva de la presente Declaración.

38. Agradecer las recomendaciones resultantes del Diálogo con los representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector privado y otros actores sociales como aportes importantes a la consecución de los compromisos de esta Declaración.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016)

Experto  considera es necesario empoderar a la ciudadanía para impulsar el desarrollo local

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El Dr. Federico Castillo Blanco, Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), declaró que en América Latina se produce un proceso gradual de transferencia de los servicios públicos hacia los gobiernos locales.

Al exponer en el conversatorio “Territorialización de Políticas Públicas Locales: Experiencias en América Latina”, indicó también que en toda la región latinoamericana el proceso de descentralización ha avanzado considerablemente.

“Pese a ello en América Latina persiste una gran exclusión por lo que se requiere de la adopción de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población”, manifestó el Secretario General de la UIM.

Consideró que los gobiernos locales tienen un gran compromiso con la construcción del futuro, pero que los mismos tienen que crear las condiciones necesarias para sacar de la pobreza a la población que vive en condiciones precarias.

Manifestó que el desarrollo local es un proceso político y que es necesario empoderar a la ciudadanía para que se comprometa con éste. Hay que generar una nueva base económica, que sea capaz de ofrecer empleos dignos, dijo.

Refirió que un desafío que enfrenta la región es la creación de espacios públicos de calidad, en tanto existe una privación de estos espacios en las ciudades.

El Conversatorio “Territorialización de Políticas Públicas Locales: Experiencias en América Latina”, se desarrolló en el marco del convenio de colaboración reciproca firmado entre la UIM, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y la Fundación Solidaridad. Contó con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y del Municipio de Santiago (CDES).

En la actividad el (CDES), representado por Reynaldo Peguero y otros miembros de la entidad, hizo entrega al Secretario General de la UIM de un ejemplar del Plan Estratégico 2020.

El Dr. Federico Castillo Blanco se encuentra en el país participando como profesor en la Maestría sobre Gobierno y Gerencia Pública Local impartida por la UIM en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La UIM es  una institución surgida en el año 1991 a iniciativa de responsables políticos y técnicos municipales de España e Iberoamérica, que tiene entre sus objetivos promocionar las relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo local. Tiene como socio local en la República Dominicana al Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Santiago de los Caballeros

5 de noviembre del 2015