46va Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Santo Domingo 2016

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DECLARACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, en ocasión del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General;

REAFIRMANDO la naturaleza, propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA, los compromisos adoptados por los Estados Miembros en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París adoptado por los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático /, así como otros compromisos internacionales / vinculados a las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental;

RECONOCIENDO los desafíos multidimensionales del desarrollo sostenible y que el logro de los objetivos de la Agenda 2030 en la región será impulsado por el fortalecimiento institucional; la eficacia, eficiencia, transparencia, ética y credibilidad de las instituciones públicas, con decisiones inclusivas y participativas; así como la coordinación intergubernamental, interinstitucional e intersectorial, en un ambiente seguro y propicio para la sociedad civil, otros actores sociales y la ciudadanía;

CONSCIENTES del reconocimiento que hace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las dificultades que enfrentan los países con situaciones especiales o de ingresos medianos para alcanzar el desarrollo sostenible, así como de la necesidad de fomentar el intercambio de experiencias, una mejor coordinación y apoyo del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales y otros interesados;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que para el logro del desarrollo sostenible y para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030, los Estados Miembros necesitan asimismo fortalecer los medios de implementación en ella definidos, así como el financiamiento necesario, la innovación, la creación de capacidades, la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, en términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados;

TENIENDO EN CUENTA la importancia de revisión y actualización del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) y luego del compromiso de la Declaración de Tela “Construyendo una agenda de Desarrollo Sostenible para las Américas”, que adoptó el Marco Estratégico para el PIDS con el fin de renovar los esfuerzos que se realizan desde la Secretaría General de la OEA para acompañar los procesos de fortalecimiento institucional de los Estados Miembros y apoyar la implementación de la Agenda 2030;

CONSCIENTES de la importancia de incentivar el diálogo y las sinergias entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, otros actores sociales y el sector privado, así como las alianzas público-privadas para el proceso de fortalecimiento institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, y el combate a la corrupción en los sectores públicos y privados que contribuya a una mayor participación y consolidación de las democracias de nuestras sociedades;

TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Visión Estratégica, los objetivos estratégicos de la Organización, así como la priorización de mandatos realizada por los Estados Miembros, y una mejor gestión administrativa para el fortalecimiento institucional de conformidad con los pilares de la OEA;

RECONOCIENDO QUE la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencidos de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, que es una expresión común utilizada para referirse al planeta tierra en diversos países y regiones /.

DECLARAN:

1. Promover el fortalecimiento y la creación, cuando corresponda, de instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles de gobierno, que faciliten el logro de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las metas del Acuerdo de París, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba.

2. Asumir el firme compromiso con la implementación de la Agenda 2030 en las Américas y con el logro de sus Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible, los cuales son de carácter integrado e indivisible, así como reafirmar el compromiso con la erradicación del hambre; la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema; la lucha contra la desigualdad; la protección del medio ambiente; la gestión del riesgo de desastres y la lucha contra el cambio climático, entre otros.

3. Alentar el proceso que está llevando a cabo el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a efectos de promover el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012.

4. Alentar modelos de desarrollo y crecimiento económico más inclusivos, resilientes y sostenibles, con prácticas empresariales de responsabilidad social y ambiental acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5. Impulsar en los procesos de fortalecimiento institucional, el enfoque de derechos, incluyendo el respeto a los derechos humanos y sistemas de protección y promoción social con carácter universal, equitativo y no discriminatorio para vivir bien en armonía con la naturaleza y generando las condiciones para el logro del desarrollo pleno de los individuos y que permita avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible que tomen en consideración las necesidades de los grupos vulnerables.

6. Promover y fortalecer la formulación e implementación de políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas a fomentar la igualdad y equidad de género; así como el empoderamiento efectivo de la mujer como condiciones necesarias para el pleno respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en todas las esferas de la vida pública y privada. Asimismo, Impulsar acciones y aunar esfuerzos en la lucha contra todas las formas y modalidades de violencia contra la mujer, incluido el feminicidio/femicidio, y la discriminación hacia las mujeres y las niñas.

7. Promover acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes y sus familias, adultos mayores y otros miembros de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad.

8. Impulsar los procesos de profesionalización en la Administración Pública y la formación de servidores públicos capacitados, así como el establecimiento de sistemas modernos de gestión sustentados en el mérito para el ingreso, la permanencia y desarrollo de los recursos humanos.

9. Impulsar y fortalecer, la gestión pública de calidad, con un enfoque en el ser humano como agente de cambio y orientado a consolidar la institucionalización, coherencia y continuidad de las políticas públicas de conformidad con los objetivos y metas consignados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos internacionales relativos al desarrollo.

10. Promover la gestión pública, fortaleciendo las capacidades de las instituciones públicas como entidades responsables de implementar, junto con las autoridades regionales y locales, políticas vinculadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

11. Promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad como un componente vital del marco institucional necesario para el logro del desarrollo sostenible. En este sentido, fortalecer el diálogo político en materia de educación.

12. Promover la coherencia política e institucional, la coordinación interinstitucional efectiva y la articulación de políticas, así como facilitar las sinergias entre las metas, los planes de desarrollo, las políticas públicas, las acciones y los programas nacionales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, a través de la adopción de estrategias multisectoriales y multidimensionales que contengan una visión integral de las políticas de desarrollo sostenible, las cuales sean establecidas en función de las capacidades, realidades y prioridades de cada país.

13. Fortalecer las capacidades institucionales de los poderes públicos, respetando su independencia y fomentando su contribución al logro de sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

14. Promover el diálogo permanente, inclusivo e intercultural con la sociedad para lograr mayor cohesión social y reforzar la coordinación interinstitucional e intersectorial entre entidades públicas, privadas, la sociedad civil, la academia y otros actores sociales para el desarrollo sostenible de los Estados.

15. Fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas.

16. Promover la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana y el control en la gestión de los recursos de las instituciones del Estado, a través de la difusión de la información pública, y prever la adecuada organización, sistematización, y disponibilidad permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso de la ciudadanía, sujeto a normas constitucionales y jurídicas, incluyendo aquellas que tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad.

17. Promover el desarrollo y la aplicación de marcos jurídicos transparentes, que tengan en cuenta los intereses colectivos en favor del desarrollo sostenible.

18. Afirmar su convicción en el abordaje integrado de las tres dimensiones del desarrollo sostenible – social, económico y ambiental – por medio del diálogo y otros medios pacíficos de resolución de controversias y de prevención de conflictos, en el ámbito de un enfoque de derechos, y contribuyendo a la gobernabilidad democrática y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

19. Promover el respeto al Estado de Derecho en el plano nacional e internacional, la igualdad de acceso a la justicia y la implementación, según sea apropiado, de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

20. Continuar impulsando la lucha contra la corrupción, en todas sus formas, en el sector público y privado, así como promover el gobierno abierto y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), y su mecanismo de seguimiento; y fortalecer el desarrollo, en los Estados Miembros de mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad, como imperativo de los Estados para alcanzar una vida decente, digna y plena.

21. Impulsar el fortalecimiento institucional mediante acciones de cooperación horizontal, Sur-Sur y triangular para abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo y los retos de la pobreza y la desigualdad, además de fortalecer las buenas relaciones y promover la integración entre los países miembros de la OEA.

22. Ponemos de relieve que la financiación pública internacional es un complemento fundamental de los esfuerzos que realizan los países para movilizar recursos públicos a nivel interno, especialmente en los países más pobres y vulnerables con recursos internos limitados. Un importante papel de la financiación pública internacional, incluida la asistencia oficial para el desarrollo, es catalizar la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, tanto públicas como privadas. Los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo reafirman sus compromisos respectivos, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre un 0,15% y un 0,2% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.

23. Reforzar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en foros regionales como la OEA, con el ánimo de fortalecer el intercambio de experiencias y promover su articulación con los gobiernos de la región.

24. Impulsar el potencial del sector privado, las alianzas público-privadas y de los mecanismos especializados de inversión y financiamiento para el desarrollo e integración existentes en la región para la creación de sinergias que viabilicen el logro de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

25. Promover la capacitación, la innovación tecnológica y productiva, la transferencia tecnológica, en términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados, y las acciones de responsabilidad social de las empresas y en particular de las pequeñas y medianas empresas, u otras modalidades organizativas, que las coloquen en mejores condiciones para el establecimiento de sus relaciones de intercambio, tendiendo al desarrollo de cadenas de valor entre emprendimientos de la región, lo que permitirá mejorar su complementariedad y competitividad.

26. Apoyar los diversos procesos de reforma encaminados a mejorar y fortalecer el funcionamiento efectivo del sistema financiero internacional y su arquitectura y promover un diálogo interamericano para atender las dificultades considerables para alcanzar el desarrollo sostenible a los que se enfrentan los países en desarrollo, incluyendo las dificultades de acceso a la asistencia oficial al desarrollo y el hecho de que algunos países no pueden tener acceso a financiamiento suficiente y asequible de otras fuentes para satisfacer sus necesidades, reconociendo que todos los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media y países en situaciones especiales, continúan enfrentando desafíos en cuanto al desarrollo sostenible. Alentar a las instituciones financieras internacionales que desempeñan un papel importante en el financiamiento del desarrollo a que analicen formas de integrar los objetivos del desarrollo sostenible, metas e indicadores en los procesos de toma de decisiones sobre la asistencia al desarrollo y financiamiento y que promuevan intercambios con todas las partes interesadas pertinentes para mejorar la multidimensionalidad de sus indicadores utilizados para describir el nivel de desarrollo de un país.

27. Instar a los países desarrollados a cumplir con los compromisos de proporcionar recursos financieros en materia de cambio climático, en particular mediante la capitalización del Fondo Verde para el Clima y otras fuentes alternativas, a fin de atender las necesidades de desarrollo de nuestra región respecto a la adopción de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

28. Consolidar la solidaridad regional para implementar programas a través de mecanismos financieros alternativos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

29. Fomentar así mismo, un acceso equitativo y universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a Internet de banda ancha en los países de las Américas, particularmente en países que requieran de tránsito por terceros para conectarse a la red de fibra óptica internacional, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles de los fondos de servicios universales, cuando corresponda.

30. Sensibilizar y educar a la población, en particular a los niños, niñas y adolescentes, sobre los desafíos que enfrenta el continente americano en relación con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

31. Reconocer la centralidad del Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas; así como sus foros pertinentes, como una pieza clave del sistema internacional para el apoyo a los Estados Miembros en la implementación de los objetivos de la Agenda 2030, y el papel de los componentes apropiados de ese sistema para el seguimiento de la referida implementación, en aras de evitar la duplicación por distintas organizaciones. Adicionalmente, los Estados Miembros de la OEA revitalizarán la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

32. Apoyar los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los países en desarrollo sin litoral en las acciones orientadas a mitigar el impacto de los desastres, el cambio climático y las epidemias, los cuales constituyen desafíos continuos para alcanzar el desarrollo sostenible.

33. Impulsar y apoyar acciones y programas interamericanos orientados al fortalecimiento de las instituciones y la construcción de capacidades nacionales, especialmente de los países en desarrollo y en particular los países menos desarrollados (LDCs, siglas en inglés) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID’s), a fin de articular los esfuerzos de la región hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

34. Respaldar el proceso de Visión Estratégica de la OEA, así como la priorización de mandatos aprobada por los Estados Miembros, para lograr una contribución Efectiva de la Organización al fortalecimiento Institucional para el desarrollo Sostenible.

35. Celebrar la adopción del PIDS, como instrumento de política institucional, aprobado en la V Reunión Ordinaria de la CIDS y encomendar a la Secretaria General de la OEA su implementación.

36. Encomendar a la Secretaría General a que trabaje en la articulación de esfuerzos con los Estados Miembros y los organismos regionales e internacionales para la implementación de compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible y cambio climático.

37. Encomendar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en el marco de sus mandatos y en coordinación con otras entidades y organismos internacionales y regionales, promueva la movilización de recursos y facilite la asistencia técnica, a los Estados que lo soliciten, para avanzar con la implementación efectiva de la presente Declaración.

38. Agradecer las recomendaciones resultantes del Diálogo con los representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector privado y otros actores sociales como aportes importantes a la consecución de los compromisos de esta Declaración.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2016)

Experto  considera es necesario empoderar a la ciudadanía para impulsar el desarrollo local

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El Dr. Federico Castillo Blanco, Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), declaró que en América Latina se produce un proceso gradual de transferencia de los servicios públicos hacia los gobiernos locales.

Al exponer en el conversatorio “Territorialización de Políticas Públicas Locales: Experiencias en América Latina”, indicó también que en toda la región latinoamericana el proceso de descentralización ha avanzado considerablemente.

“Pese a ello en América Latina persiste una gran exclusión por lo que se requiere de la adopción de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población”, manifestó el Secretario General de la UIM.

Consideró que los gobiernos locales tienen un gran compromiso con la construcción del futuro, pero que los mismos tienen que crear las condiciones necesarias para sacar de la pobreza a la población que vive en condiciones precarias.

Manifestó que el desarrollo local es un proceso político y que es necesario empoderar a la ciudadanía para que se comprometa con éste. Hay que generar una nueva base económica, que sea capaz de ofrecer empleos dignos, dijo.

Refirió que un desafío que enfrenta la región es la creación de espacios públicos de calidad, en tanto existe una privación de estos espacios en las ciudades.

El Conversatorio “Territorialización de Políticas Públicas Locales: Experiencias en América Latina”, se desarrolló en el marco del convenio de colaboración reciproca firmado entre la UIM, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y la Fundación Solidaridad. Contó con el respaldo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y del Municipio de Santiago (CDES).

En la actividad el (CDES), representado por Reynaldo Peguero y otros miembros de la entidad, hizo entrega al Secretario General de la UIM de un ejemplar del Plan Estratégico 2020.

El Dr. Federico Castillo Blanco se encuentra en el país participando como profesor en la Maestría sobre Gobierno y Gerencia Pública Local impartida por la UIM en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La UIM es  una institución surgida en el año 1991 a iniciativa de responsables políticos y técnicos municipales de España e Iberoamérica, que tiene entre sus objetivos promocionar las relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo local. Tiene como socio local en la República Dominicana al Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Santiago de los Caballeros

5 de noviembre del 2015

Afirman es necesaria la participación de la ciudadanía en el seguimiento al Presupuesto Nacional

1_Carlos_PimentelFortalecer la participación ciudadana en todas las fases del proceso presupuestario y que el Congreso Nacional en su condición de ente fiscalizador sea más activo, constituyen los principales retos y desafíos para que el país avance en materia de transparencia presupuestaria.

Así mismo, se plantea la necesidad de desarrollar mecanismos e indicadores que orienten el seguimiento y monitoreo de la aplicación de las normas que rigen el Presupuesto General del Estado en sus diferentes etapas, es una herramienta fundamental para contar con argumentos basados en datos objetivos que permitan y faciliten una mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos presupuestarios del gobierno.

La afirmación es de Carlos Pimentel, Encargado de Transparencia de Participación Ciudadana, quien expresó además, que la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 constituyó en su momento un significativo avance y su implementación hasta el momento puede calificarse de positiva.

Sin embargo, consideró que, transcurrido el tiempo y a la luz de la experiencia desarrollada en la aplicación de la misma, es incuestionable la existencia de razones que justifican la necesidad de realizar un proceso de evaluación de su nivel de cumplimiento y de los efectos que esto ha tenido.

Al abordar el tema “Transparencia Presupuestaria: Avances y Retos en la Implementación Ley 423-06” en el Diálogo sobre Políticas Públicas que se realiza en la ciudad de Santiago, indicó que se requiere mejorar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados.

En ese ámbito, se refirió a la obligación de que los presupuestos anuales de los organismos públicos expresen las prioridades de los planes nacionales de desarrollo, conteniendo la producción de bienes y servicios a ser ofertados y su incidencia en los resultados previstos en las políticas públicas; y a la necesidad de alinearlos presupuesto anuales de las instituciones públicas con las prioridades establecidas en el Presupuesto Plurianual del Sector Público.

“La celebración de contratos por resultados y desempeño definiendo el compromiso de los organismos públicos con el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en los planes nacionales de desarrollo; y la inclusión en los presupuestos institucionales de todos los ingresos, gastos, financiamiento, resultados económicos y financieros”, deben ser una prioridad del Estado manifestó Carlos Pimentel.

El Dialogo sobre Políticas Públicas es un espacio mensual de discusión y debate organizado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En la edición No. 22 del Diálogo el tema abordado fue Transparencia Presupuestaria en República Dominicana, teniendo como expositores a Carlos Pimentel de Participación Ciudadana y Juan Castillo de la Fundación Solidaridad.

En su intervención Juan Castillo presentó los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership 2015, en la cual la República Dominicana obtuvo una puntuación de 51/100, mejorando su desempeño respecto a la medición anterior en la que obtuvo 29/100.

Santiago de los caballeros

08 de octubre 2015

Evalúan desempeño de los gobiernos locales en República Dominicana

Representantes Díalogo de Políticas PúblicasEl Diálogo de Políticas Públicas que organiza la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto de la UASD en Santiago, realizó la entrega número 21, en esta ocasión con el tema “¿Cómo van los gobiernos locales? Sistema de monitoreo a la administración pública municipal, con el Lic. Manuel Parras, de la asistencia técnica del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL).

El SISMAP Municipal como parte de la estrategia para avanzar en la política nacional de reforma municipal y desarrollo local, fue tocado de manera explícita por parte del ponente. PASCAL persigue contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática y a la cohesión social en la República Dominicana, y a la vez fortalecer espacios específicos de diálogo entre la Sociedad Civil y las Autoridades Locales para una renovada participación y co-responsabilidad de la SC en las diferentes fases de la gestión municipal desde la organización, la administración, la realización y la rendición de cuentas, desde la perspectiva de género.

Luego de recibir a los participantes del encuentro, con las palabras de Alfredo Matías, representante de la Fundación Solidaridad, las palabras de apertura las ofreció el Dr. Genaro Rodríguez, director general de la UASD Recinto Santiago, quien se refirió a la efectividad o disfunción de las políticas públicas  en los ayuntamientos, apuntando que estos son uno de los elementos más sensibles en el entorno de las políticas públicas a nivel nacional y la instancia del poder del estado más cercanos al ciudadano, valoró la importancia de estos encuentros para meditar y evaluar este tema, en un momento en que las estructuras políticas de la República Dominicana  empiezan a presentar candidaturas a la sindicatura en todo el país.

El director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo dedicó unas palabras e invitó a escuchar la ponencia de Manuel Parras, de la Asistencia Técnica Internacional del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil PASCAL, quien hizo énfasis en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), como aplicación tecnológica que acopia información sobre el trabajo de los ayuntamientos, para evaluar sus avances, debilidades y resultados en las ejecutorias, hizo una radiografía de los gobiernos locales.

El SISMAP permite el acceso a cualquier persona a través de su página en internet y medir desde allí la situación de cualquier municipio, tanto en la gestión de recursos humanos, de presupuesto, planificación, participación ciudadana y transparencia.

Parras mencionó el año 2015 como un año importante para ser evaluado y describió el contenido del decreto 85/15 que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal que este asume el compromiso de la reforma municipal como un proyecto del Estado Dominicano.

De 49 ayuntamientos que son evaluados por el SISMAP Municipal, el 57.14 %, independientemente del tamaño y características específicas del municipio, muestran desarrollos de la gestión superiores al 60 %, en tanto que el 25 % de Ayuntamientos con promedio inferior a 50 puntos.

En materia de Recursos Humanos el 73.46 % de los Ayuntamientos ha realizado el proceso de autoevaluación institucional y  el 6.12 % ha presentado el plan de mejora en base a dicha evaluación. El 67.34 % cuentan con estructura orgánica aprobada en base a las Leyes 176-07 y 41-08 y 12.24 % cuentan con su manual de funciones aprobado por el Ayuntamiento y refrendado por el MAP.

El SISMAP revela que en lo que concierne a planificación y programación el 46.93 % de los Ayuntamientos han constituido el Consejo de Desarrollo Económico y Social mediante resolución del Concejo de Regidores/as dentro de los cuales el 16.32 % cuentan con su propio reglamento de funcionamiento; el 24.48 % están, con el apoyo de la DGODT, en proceso de conformación del Consejo, el 26.53 % de los Ayuntamientos cuentan con un Plan Municipal de Desarrollo formulado, de los cuales el  16.32 % se encuentran en ejecución en este 2015.

En el ámbito de las compras y contrataciones públicas, ningún Ayuntamiento presenta importantes avances revelando la dificultad para la aplicación a nivel territorial de la Ley 488-08 de compras públicas a MIPYMES y la necesidad de reforzar la estrategia de mejora, no sólo a nivel de los Gobiernos Locales, sino también orientada en estimular e incentivar en las actuales MIPYMES en el proceso de formalización e inclusión en la economía formal, para que tengan la capacidad de proveer de bienes y servicios al Estado Dominicano.

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio de debate sobre temas de trascendental interés para la ciudadanía, que en esta oportunidad se realizó en el marco de las actividades que desarrolla la Fundación Solidaridad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, como parte del Proyecto Ciudadanía Activa para una gestión local transparente e inclusiva, el cual forma parte del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) que financia la Unión Europea.

Santiago de los Caballeros

27 de agosto del 2015.