Debaten sobre el Acceso Ciudadano a la Justicia

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El acceso ciudadano a la justicia fue el tema que se debatió durante el desarrollo de la versión número 15 del Diálogo sobre Políticas Públicas realizado el miércoles 3 de diciembre.

Los facilitadores fueron, el magistrado Renzo Honoret  y la magistrada Santa Polanco V., coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Genero de la Casa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos.

“La justicia no debe ser un cuco para la población más humilde de nuestros sectores marginados”, la afirmación es del magistrado procurador fiscal Renzo Honoret, al presentar la experiencia de la Casa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos, Santiago.

En su intervención el magistrado Honoret, dijo que Cienfuegos es uno de los sectores de Santiago y del país con más conflictos en sus diferentes formas y vertientes ya que, ésta comunidad está habitada por personas de todas las regiones del país y con culturas muy diferentes, lo que hace más problemática la situación, no obstante a esto, han logrado resolver cientos de casos sin tener que llegar a la Fiscalía de Santiago.

Con la implementación de las casas comunitarias de justicia lo que se buscaba era que la gente perdiera el temor a asistir a la justicia para dirimir sus conflictos y poder llegar a una conciliación amigable; además que sirvieran como un ente mediador entre las partes y de alguna manera descongestionar el palacio de justicia de tantos casos y lograr que la gente pudiera verle fin a sus casos de manera rápida, efectiva y gratuita.

Indicó que los casos que más atienden son por difamación e injurias, estafa, amenazas, deudas por cobros de pesos, entre otros.

Recalcó que muchos de estos casos han sido resueltos de manera satisfactoria y las relaciones interpersonales entre los litigantes han podido ser recuperadas en la mayoría de los casos.

Por su parte, la Licenciada Santa Polanco, también de la Casa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos, habló sobre los casos que mayormente se atienden en dicha Casa Comunitaria de Justicia, indicó que hay muchos casos de violencia intrafamiliar, acoso sexual, embarazos en adolescentes y posterior abandono por parte de sus compañeros, en una escala bastante alta y también problemas con los inquilinos y propietarios de casa y pensiones del sector.

Ambos magistrados abogaron por que se destinen mayores recursos para poder satisfacer la demanda de la población.

Durante el desarrollo del Diálogo también tomaron la palabra la Licda. Adela Torres, el Profesor José Jáquez y Miguel Ángel Cid, quienes participaron en la primera Casa Comunitaria de Justicia que se inauguró en Cienfuegos y el País.

Estos dijeron que Cienfuegos fue el primero en tener Casa Comunitaria de Justicia pero que, ya existen varias ubicadas en: La Joya, Santiago; Las Caobas, Santo Domingo Oeste; Villa Rosa, La Vega y Pueblo Nuevo, San Francisco de Macorís.

Las Casas Comunitarias de Justicia son modelo de resolución alternativa de conflictos desarrollado por el movimiento cívico Participación Ciudadana con el concurso de la Procuraduría General de la Republica, la Suprema Corte de Justicia, ayuntamientos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio mensual de discusión y debates sobre temas que inciden directamente en la población. Es organizado por la Fundación Solidaridad, el CIDEL y el Recinto Santiago de la UASD.

Plantean aumentar la inversión pública en la prevención de embarazos en la adolescencia

Jefrey Lizardo

 

La atención a embarazos en las adolescentes representa el 5% del gasto público total en salud presupuestado en el año 2013, según establece el Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana presentado en la ciudad de Santiago.

El estudio fue presentado por el investigador Jefrey Lizardo y Jeremy Freehill, Oficial Nacional de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes sostuvieron que el embarazo y la maternidad de adolescentes en  la Republica Dominicana representan un desafío de gran importancia para las políticas públicas, en vista de  los factores macro sociales que inciden en los mismos.

El costo anual estimado para la atención al embarazo y maternidad en adolescentes asciende a 2,100 millones de pesos, destacó Jefrey Lizardo. 729 millones de pesos son aportados directamente por los bolsillos de los hogares, lo que constituye una enorme carga financiera para las familias pobres.

¿Por qué el embarazo y maternidad en adolescentes debe constituirse en un tema prioritario de políticas públicas? Se preguntó Lizardo, para afirmar que el mismo tiene un alto  impacto y carga para las familias y la sociedad en general, en tanto  recae en los más pobres, empobrece más a los hogares. El 86% de las adolescentes embarazadas corresponde al quintil más pobre y acude a los hospitales públicos en procura de atención.

Indicó que dependiendo del establecimiento público en que se preste la atención el costo promedio de servicios de salud en embarazos y maternidad en adolescentes puede ascender entre 14 mil y 55 mil pesos, si el parto es normal. Cuando el embarazo es riesgoso ese monto se eleva entre un 11 y 16% expresó.

Manifestó que es necesario corregir fallas en el Sistema Nacional de Salud y aumentar la inversión pública en la prevención y el seguimiento al embarazo en las adolescentes.

El Estudio Costo del Embarazo y la Maternidad en la Adolescencia en la Republica Dominicana fue presentado en el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la coordinación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Centro Integral para el Desarrollo Local, la Dirección Provincial del Ministerio de la Mujer, Fundación Progressio y Children International.

En representación del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo habló su director Genaro Rodríguez. En tanto que en nombre del CIDEL y el Ministerio de la Mujer intervinieron Ana Vásquez y  Miguelina Mendoza.

Santiago de los Caballeros

29 de septiembre del 2014.

En foro sobre veeduría social plantean necesidad de mejorar el gasto público

Mesa prinicipal

 

La Fundación Solidaridad  y el Foro Socioeducativo realizaron en la ciudad de Santiago el Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas con el objetivo de conocer experiencias de control social que se desarrollan en la República Dominicana que procuran mejorar la calidad del gasto público y de manera especial la inversión del 4% en educación.

En el foro intervinieron como panelistas Enrique Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de EDUCA y Coordinador del Foro Socioeducativo; María Altagracia Mendoza, Especialista de Protección Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Juan Núñez, directivo de la Asociación Dominicana de Profesores; y Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad.

Al hablar sobre el Pacto Educativo,  María Altagracia Mendoza expuso que  la participación activa de todos los actores de la vida nacional, en especial la comunidad educativa, es fundamental para el éxito del Pacto Educativo, tras considerar que el mismo reconoce que la educación es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Señaló que la creación de espacios y prácticas promisorias de aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo solo será posible con el concurso de todos los sectores de la vida nacional a fin de asegurar que los recursos están siendo utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y rendición de cuentas que permitan el logro de los objetivos perseguidos por el Pacto Educativo.

Por su parte Enrique Darwin Caraballo indicó que la veeduría social a las políticas públicas desarrolladas por los ciudadanos organizados permite  velar por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, la vigencia de la Ley y de los compromisos asumidos por las autoridades públicas.

Indicó que el Observatorio del Presupuesto Educativo  es  un instrumento de veeduría social efectivo que permite identificar como  y en que se invierte el presupuesto del Ministerio de Educación, haciendo énfasis en que lo importante no es saber cuánto se invierte, sino como y en que se invierte.

Juan Núñez, hablando en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , cuestionó la inversión de cuantiosos recursos en la promoción de la llamada “revolución educativa”, indicando que los problemas fundamentales de la educación no se resuelven solo con la construcción de aulas o la evaluación de los docentes.

Sin embargo valoró los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil en procura de lograr una mejora en la calidad del gasto público. Si el Estado invierte bien en la educación, fortalece las políticas públicas, indicó.

La experiencia de Fundación Solidaridad en materia de control social fue presentada por Juan Castillo, quien narró las iniciativas que ha puesto en marcha esa organización de la sociedad civil destinada a hacer incidencias ante los ayuntamientos y el gobierno central en procura de lograr una mejoría en la calidad de los servicios y del gasto público.

Dentro de esas iniciativas se encuentran el Observatorio de la Democracia Local y la Observación Ciudadana a los Ayuntamientos de los Municipios de la Provincia de Santiago, involucrando a una red de observadores que levantan información y producen informes que presentan los hallazgos y recomendaciones para la mejora de los servicios.

El Foro Socioeducativo  (FSE) es un espacio integrado por instituciones que re­flexionan y debaten sobre temas socioeducativos desde el año 2000, gene­ran información, elaboran propuestas para influir en la mejora de la educa­ción dominicana y en la constitución de una ciudadanía crítica, así como en la construcción de un Estado de derecho.

La Fundación Solidaridad es una institución sin fines de lucro que apoyándose en los principios de la solidaridad, la equidad, el esfuerzo compartido y la democracia participativa, facilita procesos y acompaña a los actores sociales de las comunidades en las cuales interviene para que los mismos sean sujetos activos en la construcción del bienestar colectivo.

Las palabras de apertura del Foro sobre Veeduría Social de las Políticas Públicas estuvieron a cargo de Pedro Acevedo, Director del Colegio De la Salle, en tanto que las palabras finales fueron pronunciadas por Magda Pepén Peguero, Coordinadora Técnica del Foro Socioeducativo.

Santiago de los Caballeros

18 de septiembre del 2014.

Destacan rol de las organizaciones no gubernamentales en la promoción del desarrollo

Parte del público participante

El Director Ejecutivo del Centro Nacional de las Asociaciones Sin fines de Lucro destacó el rol que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la promoción del desarrollo y la lucha contra la pobreza, considerando también que es necesario el establecimiento de mecanismos de interrelación con el Estado que se correspondan con el aporte que realizan éstas al desarrollo social del país.

Al participar en el Diálogo sobre Políticas Públicas, abordando el tema Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Transparencia: Rol del Centro Nacional de las ASFL, el ingeniero Hernán Paredes indicó que las ONG desarrollan iniciativas en materia de salud, educación, participación de la ciudadanía y reducción de la pobreza, entre otros, en comunidades donde el Estado por diversas razones no ha llegado o su presencia es limitada.

Precisó que desde el Centro Nacional de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro se trabaja en correspondencia con la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana No. 1-12, la que en sus objetivos y líneas de acción persigue asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.

Indicó que el primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo procura un Estado Social Democrático de Derecho, en cuyas líneas de acción se dispone estructurar y fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada que garanticen la prevención y el castigo de delitos administrativos en el Estado e instituciones que reciben fondos públicos, modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a las ONG, transformando los actuales subsidios en transferencias de recursos mediante convenios de gestión, así como promover el voluntariado como un mecanismo de participación de la población en el proceso de desarrollo y la solidaridad como valor, y consolidar y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de lo público.

Al reconocer el trabajo que realizan las ONG, expuso que las mismas son de vital importancia para el fortalecimiento de la sociedad civil, dan mayor legitimidad a la acción del Estado, fomentan el sentimiento de pertenencia de la comunidad nacional y favorecen la participación en la vida comunitaria. Asimismo, propician los procesos de cambios democratizadores en la cultura y en las prácticas políticas que posibilitan un mayor control social sobre las acciones de los representantes políticos.

Indicó también, que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la descentralización de la gestión pública del desarrollo nacional, al tiempo que planteó que es de alto interés para el organismo que dirige propiciar la creación, organización, funcionamiento e integración de las instituciones sin fines de lucro, a través de un marco legal general que les permita incorporarse jurídicamente y establecer sus mecanismos de autorregulación en ejercicio del principio a la autonomía de la voluntad contractual.

“Se considera necesario el establecimiento de mecanismos de interrelación con el Estado, así como de fomento, promoción y apoyo a las actividades que desarrollan las asociaciones sin fines de lucro, que se correspondan con el aporte que realizan al desarrollo social del país”, precisó Hernán Paredes.

Al referirse al rol del Centro Nacional de Fomento de las ASFL manifestó que el mismo es un organismo público conformado por la Sociedad Civil y el Gobierno, cuya finalidad consiste en impulsar la participación de esas instituciones en la gestión de los programas de desarrollo.

Destacó que dentro de sus atribuciones están las de impulsar la participación de las Asociaciones Sin fines de Lucro en la gestión de los programas de desarrollo, validar la clasificación establecida en la incorporación, calificarlas para obtener fondos públicos y el aval del Estado, recomendar al Poder Ejecutivo la concesión de fondos públicos, llevar el Registro Nacional de Habilitación, y contribuir a la difusión de las actividades y aportes de las mismas.

El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio mensual de debates que organizan la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En representación de las organizaciones que organizan el evento hablaron Juan Castillo, Juan Guerra y Ana Vásquez.

Como parte de la dinámica del Diálogo sobre Políticas Públicas parte de los participantes formularon preguntas e hicieron comentarios favorables a la existencia del espacio y a la calidad de la exposición realizada.

Santiago de los Caballeros

21 de agosto del 2014